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Descalificaciones post debate presidencial

  • Campañas y seguridad
  • Donde volteemos, sea en esta ciudad, o en provincia, la violencia y la inseguridad nos golpean el rostro, advierte el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo en su magistral análisis Así es el Derecho

BLAS A. BUENDÍA

Reportero Free Lance

blasalejo@yahoo.com

Valioso trabajo de análisis presentó el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo referente al reciente debate presidencial en el que participaron cinco aspirantes a la Primera Magistratura de la Nación.

En su tesis Así es el Derecho, el jurista hidalguense destaca que en estos días post debate presidencial el tema en boga son las propuestas, descalificaciones y críticas de los candidatos entre sí, así como las bromas y memes populares acerca del mismo, parte de la fiesta ciudadana que se ve ensombrecida por las circunstancias de violencia e inseguridad que seguimos viviendo en el país.

A inicios de la última semana de abril, la sociedad se enteró del terrible fin que tuvieron los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco desde hace más de un mes, cuyos homicidas trataron de disolver con ácido los cuerpos, y qué decir del homicidio en agravio del periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas en 2017; del de los tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del intento de homicidio en el interior de un restaurante en la Delegación Venustiano Carranza la semana pasada, por citar algunos. Donde volteemos, sea en esta ciudad, o en provincia, la violencia y la inseguridad nos golpean el rostro.

Al decir esto no se trata de alarmar a la población ni mucho menos crear incertidumbre respecto a la estabilidad del Estado, sólo de hacer notar que, en plena efervescencia electoral, es indispensable tener en cuenta que existe un tema de planteamiento y resolución inaplazables para el bienestar de la población: la inseguridad, y, en consecuencia, los candidatos a ocupar el máximo cargo público en el país deben hacer de nuestro conocimiento las estrategias a que pretenden recurrir para brindarnos seguridad y, así, revertir la percepción ciudadana al respecto.

Los órganos encargados de procuración de justicia y seguridad publica muestran inconformidad con las preocupantes estadísticas de incidencia delictiva e incluso de la negativa percepción ciudadana acerca de inseguridad que proporcionan organizaciones surgidas de la sociedad civil, pero es insoslayable que incluso las instituciones oficiales muestran números alarmantes en la materia, como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), recientemente publicada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información (INEGI).

No menos preocupantes son el temor por el que las víctimas no denuncian a sus victimarios, encubierto con indiferencia, y el temor que semiparaliza a los policías.

Dicha institución proporciona trimestralmente datos de temas relacionados con ese nocivo problema, como son la percepción de inseguridad manifiesta por los ciudadanos, la expectativa social relativa a esa cuestión, las conductas delictivas y la actuación de las autoridades ante la eventualidad de delitos y su comisión.

Según las cifras oficiales obtenidas de la ENSU, 76.8 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años consideran que vivir en su ciudad es inseguro; 81.3 por ciento se sintió temeroso en los cajeros automáticos y 74.3 en el transporte público; 68.7 por ciento se sienten de esa manera en las calles por las que transitan habitualmente, 36.2 por ciento consideran que la inseguridad seguirá inmutable y 36.3% que ésta empeorará.

Esos porcentajes significan que más de la tercera parte de los ciudadanos consideran que no hay y quizá no habrá políticas idóneas para mejorar la seguridad para la nación.

Dicha percepción proviene de que han sido víctimas o testigos o han sabido de actos criminales, el 65.4 por ciento han sido testigos de consumo de alcohol en calles, 44.2 han presenciado consumo de drogas en lugares públicos, 64.7 por ciento han visto robos o asaltos, mientras que el 40 por ciento han identificado disparos de armas de fuego.

Ese inquietante panorama ha llevado a los mexicanos a cambiar su forma de vida, incluso más del 60 por ciento han dejado de portar objetos de valor; más de la mitad han prohibido que los menores salgan de las viviendas, y otro tanto ha dejado de caminar por las noches alrededor del sitio donde vive o sentarse a la puerta de su vivienda. Es deseable que ese temor no se manifieste durante el ejercicio democrático que será elegir a titulares de más de tres mil 400 cargos públicos a escalas federal y local.

Si bien por conducto de diferentes medios, gran parte de los mexicanos nos enteramos del bajo nivel de seguridad que impera en el país, y el temor pudiera llegar a magnificar la condición real, no se hace a un lado la necesidad de que se implementen políticas públicas con estrategias nuevas diseñadas a lidiar con la delincuencia y acabar con la inseguridad y la violencia, que puedan redundar a favor del desarrollo.

Es dable decir que es más fácil escribirlo que hacerlo, pero los candidatos tienen ardua labor frente al tema, como es mejorar las condiciones para la denuncia de los delitos, capacitarse a las corporaciones policiacas preventivas y de investigación y someterlas a controles de confianza estrictos, a la vez de mayores emolumentos y modificaciones a las leyes relativas a medidas cautelares y al sistema penitenciario, entre otras tantas acciones que pueden proporcionar seguridad y aumentar la percepción de la misma.

Hay muchas cosas por hacer y, sin duda, quien presente propuestas factibles al respecto, sumará grandes simpatizantes a su causa, sin que importen los colores que represente, puntualiza el magistrado Élfego Bautista Pardo, en su análisis magistral Así es el Derecho.

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