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Marchas, respeto y tolerancia en una bella urbe, sede de los poderes federales

  • Otra razón de las críticas a marchas, bloqueos y plantones es que afectan a los negocios establecidos a lo largo de las vialidades por donde discurren, y sus empleados son los más perjudicados, afirma el magistrado Élfego Bautista Pardo

BLAS A. BUENDÍA

Reportero Free Lance

blasalejo@yahoo.com

Así es el Derecho, advierte el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, al hacer un pleno y concienzudo análisis sobre las acciones de terceros han venido afectados a la mayoría en un país que constitucionalmente les concede la libre manifestación sin restricción alguna.

Para el estudioso, a los habitantes de la ciudad se nos ha hecho común ver nuestras principales vialidades ocupadas ocasionalmente por manifestaciones de inconformidad con políticas o actos públicos federales o locales, o violaciones a derechos como la seguridad o libre y permanente acceso al agua, las que suelen incomodarnos, pues obstruyen el camino hacia nuestro empleo, hogar o reunión de importancia particular.

La necesidad que todos tenemos de hacer nuestra vida diaria de la manera más pacífica posible, de aprovechar el tiempo, suele volvernos intolerantes a que personas ajenas a nuestro mundo, de quienes no conocemos nombres, historias, ni mucho menos necesidades, rompa nuestra cotidianeidad y nos lleve a exigir respeto al derecho que tenemos a libre tránsito.

Esos movimientos de masas son ordinarios en las ciudades centros de poder, pero esta bella urbe es sede de los poderes federales, por lo que las inconformidades sociales con actos u omisiones de cualquiera de ellos en estados de la Federación, como hemos visto de Guerrero, Veracruz,

Oaxaca, o cualquier otro, se suman a problemas comunes a toda la población del país, como la carencia o el manejo indebido de agua, o de seguridad, al grado de que entre los años dos mil quince y dos mil diecisiete hubo aproximadamente diez mil marchas, plantones o bloqueos en la Ciudad de México.

Muchas veces estos movimientos rompen la tolerancia y reducen la poca empatía que solemos tener con ellas, cuando consideramos que vulneran nuestros derechos individuales, igual que cuando los viola una autoridad o algún particular.

Sin embargo, por grande que sea nuestra incomodidad cuando terceros ejercen su derecho a manifestar inconformidad con leyes o políticas públicas, jamás debe incluir atentados contra la vida o la integridad física de éstos, como al inicio de esta semana, cuando un conductor impaciente decidió romper un bloqueo en la avenida Ermita Iztapalapa atropellando a los participantes en él.

Si bien siempre hablamos de la obligación del Estado a respetar y garantizar nuestros derechos humanos, debemos admitir que el pleno goce de los mismos nunca será posible si todos los miembros de la sociedad no tomamos conciencia de la imperiosa necesidad de respetar el ejercicio individual de las prerrogativas de todos y cada uno, sin soslayar la obligación de cuidarnos de no vulnerar esos mismos derechos de terceros.

Otra razón de las críticas a marchas, bloqueos y plantones es que afectan a los negocios establecidos a lo largo de las vialidades por donde discurren, y sus empleados son los más perjudicados.

Por todas esas razones, en diversas épocas y foros se ha hablado de la necesidad de regular esas movilizaciones sociales, sujetarlas a días y horarios específicos y restringirlas a determinadas vialidades. Incluso es tema en la actual campaña electoral por la jefatura de gobierno de la ciudad.

A la fecha no ha prosperado por falta de acuerdos, y quizá porque los manifestantes buscan llamar la atención drásticamente para que las autoridades actúen de acuerdo a las razones de aquéllos, y la mejor forma de evitarlas son las políticas y/o acciones públicas que redunden en buena gobernanza en todo el país.

Independientemente del motivo de las marchas, las autoridades intervienen para intentar que éstas no rompan el orden público, y a veces se llega a detener a participantes, lo que no siempre es bien aceptado por los activistas y son tildadas como violaciones flagrantes a sus derechos.

La frecuencia con que hay manifestaciones ha llevado al gobierno de la ciudad a promulgar, a través de su titular, Doctor José Ramón Amieva Gálvez (en la presentación del programa “El derecho a manifestarse y a la protesta social en la Ciudad de México”), una ley de amnistía para las personas aprehendidas durante manifestaciones entre los años dos mil doce y dos mil quince, con la que se extingue la atribución pública de ejecutar penas y medidas de seguridad contra ciudadanos en esas condiciones.

No podemos negar que las marchas, bloqueos y plantones seguirán siendo parte de nuestra vida cotidiana y debemos tolerarlas y respetarlas, pero es razonable procurar que discurran sin violar derechos de terceros, razón por la cual debemos reconocer lo positivo de los esfuerzos para regularlas y contener efectos negativos como el que privó de la vida a participantes en un plantón.

Esa regulación es parte de la necesidad de trabajar para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del país, sean manifestantes o ciudadanos cuyas actividades son entorpecidas por las marchas.

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