Nacional Política

Buscan prohibir comida chatarra en el país

La diputada de Morena Martha Robles Ortiz llamó instalar bebederos de agua en las escuelas, ya que sólo una tercera parte de éstas cuenta con ellos, y prohibir la venta de comida “chatarra” en los planteles públicos del país, pues en 80 por ciento todavía venden bebidas azucaradas.

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En un punto de acuerdo, destacó la urgencia de enfrentar la obesidad infantil, que coloca a México en primer lugar a nivel mundial, porque “a ocho años del inicio de la primera estrategia para combatirla, aún hay centros escolares que no tienen conocimiento de esta regulación y, por tanto, no la aplican”, pese a las reforma a la Leyes Generales de Educación y de Infraestructura Física Educativa.

En esta coyuntura nacional, sostuvo, se debe trabajar coordinadamente entre los poderes Ejecutivo, a través de la SEP y Salud, y el Legislativo para reconocer los derechos de la infancia, incluidos los de la alimentación, el agua y la salud, mediante la implementación urgente de una política integral de combate a la epidemia de obesidad y la desnutrición.

Ello, agregó, para expulsar definitivamente la venta de productos “chatarra” en las escuelas públicas y privadas del país.

Sobre todo porque el Instituto Nacional de Salud Pública, en su último reporte de seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, detectó que en una muestra de 110 escuelas primarias públicas revisadas, 88 vendían bebidas azucaradas y sólo 37 tenían instalados bebederos.

Además, hasta 80 por ciento de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía la prohibición de vender estos alimentos poco nutritivos, pese a las modificaciones aprobadas a las leyes General de Educación y General de Infraestructura Física Educativa; esta última estableció que todas las escuelas de educación básica contarían con piletas de agua y sistemas de purificación.

Explicó que la instalación de 257 mil 825 bebederos debió hacerse en un plazo máximo de tres años, que concluyó en mayo de 2017, después de publicarse el decreto; sin embargo, la meta no fue lograda, pese a que la hidratación de las personas es un derecho humano y un elemento que coadyuva en un mejor funcionamiento del organismo que contribuye a reducir la obesidad.

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