CDMX

Desde Capital Humano, se fragua golpe de estado contra dirigencia sindical

Trabajadores al servicio de la capital, denuncian que  personajes siniestros de la Subsecretaría de Capital Humano  y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, igual que como lo padeció el periódico “la Jornada”,  fraguan un  golpe de estado contra la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), utilizando a compañeros despedidos que respondían a otras acciones,  eran de nómina ocho y nunca fueron sindicalizados.

Los trabajadores llamaron la atención porque la Subsecretaría de Capital Humano, curiosamente involucró a 21 trabajadores  de nómina ocho, que no tienen injerencia con el SUTGCDMX para golpear a la dirigencia sindical  a través de una acción legaloide que la  desprestigie y después demandarla para dejarla sin derechos, con  el objetivo de que decline Juan Ayala Rivero como presidente de la organización gremial.

Ante dicho atentado contra los derechos laborales de la  base trabajadora, alertaron para estar unidos ya que  desde esa subsecretaria de la mano con la PGJCDMX se pretende eliminar y nulificar el máximo órgano de dirección del sindicato más grande de la Ciudad de México.

Los trabajadores consultados por Grupo Cantón explicaron que la Subsecretaría de Capital Humano y la procuraduría de justicia capitalina, están utilizando a Andrés Pascual Potrero, Patricia Hernández Gómez, Noé Moctezuma López, Daniela Reina Serrano Alonso, Adanary Orozco Aguilar, Miguel Enríquez Perea, Laura Angélica María Lasse Cerqueda, Emilia Rosas Ortiz Infante, Citlalli Aida Domínguez Trejo, Arturo Carpio Herrera, Catina Gabriela Miranda Sánchez, Elsa Romero Núñez, Margarita Zepeda Ruiz, Jesús Enrique Merlín Montoya, Jovana Fuentes Pineda , María Soledad Rea Pérez, María Cristina Vargas López, Guadalupe Roa Tapia, Luis Octavio Ayala Rodríguez, Marisol Núñez López y Alejandra Farías Barrón, para negociar con ellos a cambio de que involucren al presidente del SUTGCDMX  Juan Ayala Rivero, cuando es conocido por toda la base gremial que él no acude a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a firmar documentos, ya que existe un bufet jurídico y además los 21 agremiados  pertenecían a nomina ocho, eran problemáticos y nunca fueron sindicalizados.

Quienes conocieron a los 21 despedidos de nómina 8, los  señalan como  trabajadores que desestabilizaban sus áreas de trabajo, eran  problemáticos y así lo manifestaron el 23 de marzo de 2018, cuando agredieron a funcionarios públicos  en el estacionamiento del edificio del GCDMX, con el argumento de que iban a demandar prestaciones sociales.

Ante dicha situación, los trabajadores  manifestaron su  temor porque  a través de esta acción legaloide la PGJCDMX , puede realizar una acción contra el líder sindical pretendiendo detenerlo, cundo no es responsable de lo que hicieron los 21 trabajadores de nómina 8 el 23 de marzo del año pasado.

El fondo de todo esto, explicaron los trabajadores es la realización de una acción intimidatoria contra el líder sindical y se apliquen acciones legaloides para despojarlos de sus derechos e impedirle continuar como dirigente para impedirle  defender los derechos de 184 mil trabajadores de base. Entre la base trabajadora con mayor experiencia de las distintas áreas operativas dependencias y organizamos descentralizados y autónomos, cada día crece el temor de que para eliminarles las prestaciones sociales ganados por casi 90 años de lucha, personajes siniestros de la Subsecretaría de Desarrollo de Personal de Capital Humano, la mano con funcionarios de la PGJCDXM pretendan implementar un operativo, un circo mediático para detener al máximo dirigente sindical de la CDMX, responsabilizándolo en una acción legaloide de un hecho que no le compete bajo ningún esquema.

Lo más grave, señalaron  os trabajadores es que funcionarios de bajo nivel, pretenden enfrentar a la base trabajadora con las autoridades, como ya sucede en otras representaciones de gobierno como las alcaldías de Iztacalco y Cuauhtémoc que al no respetar los derechos humanos y laborales de los agremiados, empezaron los enfrentamientos en perjuicio de la ciudadanía.

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