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La ciudad videovigilada de Morena: cámaras en los estacionamientos
¿Algo de valor que deje en su vehículo? La pregunta es obligada a la hora de dejar el automóvil en algún estacionamiento público o con algún valet parking en la Ciudad de México. Supone que si no se realiza un inventario urgente de las cosas con valor monetario o emocional, todo lo que quede fuera de la lista podrá desaparecer del vehículo sin derecho a reclamo del cliente. Mi respuesta, a riesgo de parecer el sujeto más mamón del día, es siempre: “Todo lo que está dentro del automóvil, jefe”.
La pregunta tiene el mayor de los sentidos si se considera que cualquier estacionamiento público y valet parking que se respeten cuentan con un letrero en el que sus administradores se deslindan del robo de objetos dejados dentro del vehículo: desde la llanta de refacción hasta las gafas de sol, las monedas acumuladas debajo del tablero, el extinguidor, el termo para el biberón de la niña o —joyas de la corona— los artículos electrónicos. Nada que no sea inventariado ante la mirada del señor que estaciona los autos tendrá garantía de seguir en su lugar cuando regrese el propietario del vehículo.
Sensibles como son de la realidad social, los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México impulsan una iniciativa de reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles para obligar a los propietarios de los más de 2,000 estacionamientos públicos de la ciudad a instalar cámaras de videovigilancia. Porque, claro, la única manera de combatir el hurto es instalando videocámaras. “Todo esto para generar mayor seguridad en la gente y, pues, obviamente si no las tienen [las videocámaras] van a tener sanciones. Ojalá que se dictamine a favor esta situación, porque es en favor de la seguridad de la ciudadanía”, dijo la autora de la iniciativa, la diputada Guadalupe Aguilar Solache.
Otra medida promovida por Morena, y aprobada el 28 de febrero, obliga a los concesionarios de los parquímetros en la Ciudad de México a instalar cámaras de videovigilancia y conectarlas al C5, el centro de gestión de los sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad de la ciudad. Como vamos, la ciudad podría superar las 30,000 videocámaras conectadas al C5, sin que esto signifique un aumento proporcional de la seguridad pública.
Más allá de lo cotidiano que significa el hurto en un país donde la propiedad de las cosas está en permanente circulación (de la forma como describió Coetzee en Desgracia), la erradicación de este fenómeno no pasa por la instalación de videocámaras. Esto es un atajo disfrazado de sensibilidad ciudadana, en un país donde rige la ley del más fuerte e impunidad es un concepto clave de la procuración de justicia.
Las iniciativas de Aguilar Solache y Morena son compendios de lugares comunes, argumentos inconexos y solucionismo tecnológico para incentivar una ciudad más videovigilada, el Big Brother de un gobierno de izquierda. Suponen que la videovigilancia inhibe “actos delictivos”, lo que puede ser cierto en lugares donde el crimen se castiga y los ciudadanos confían en las instituciones públicas, y dota de un halo mágico a las videocámaras como solución de fenómenos de una complejidad profunda.
Mejorar la seguridad en los estacionamientos públicos pasa por la aplicación de normas y la imposición de sanciones. Exige mejorar los servicios que ofrece la iniciativa privada y fomentar una cultura de denuncia y castigo por parte de los consumidores. Por supuesto, esto es mucho más complicado de llevar a cabo que la videovigilancia, pero es la ruta correcta hacia el estado de derecho.
Faltos de ideas, originalidad y creatividad, los gobernantes de Morena han elegido una herramienta demagógica que se presenta a los ciudadanos como la solución del problema, cuando en el fondo impulsa la desconfianza y un mayor control político.
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