Cambios en Ley de Movilidad dejarían sin empleo a 40,000 choferes de Uber
La entrada en vigor de las modificaciones al reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, ha generado controversias y una de ellas es la posición de Uber, ya que estos cambios y en su opinión, inciden negativamente en su operación.
Si bien las modificaciones tienen como objetivo de promover un piso parejo y erradicar la corrupción, podrían tener un impacto negativo para la Ciudad de México.
De acuerdo a Uber, la prohibición de pago en efectivo o cualquier otro medio de prepago, negando a los ciudadanos el derecho de elegir el método que más les convenga, no facilita las cosas.
¿Para peor?
En tanto, la fijación de un valor de factura mínimo de 250 mil pesos, el cual negaría a 40,000 socios conductores una opción de autoempleo y de generación de ingresos extra, tampoco ayuda a mejorar la situación.
En este sentido, en reciente conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema: «No se van a perder empleos con las regulaciones que se hicieron y va a estar el Secretario de Movilidad abierto al diálogo siempre. Pretendemos poner orden y poner piso parejo, pero no se trata de afectar a nadie».
A pesar de que Uber ha buscado un diálogo permanente y abierto entre las empresas de redes de transporte y el gobierno actual para trabajar en favor del desarrollo de la Ciudad de México, la empresa de movilidad subrayó que «no se ha incluido a estas empresas en la elaboración de este nuevo reglamento, con impacto directo en una de las ciudades con mayores retos de movilidad en el mundo».
«Desde Uber apoyamos cualquier esfuerzo regulatorio que simplifique los trámites burocráticos para los socios conductores, así como nuevos sistemas que promuevan la transparencia y persigan erradicar la corrupción», mencionó Federico Ranero, Director General de Uber.
Es discriminatoria
Estas modificaciones al reglamento, que prohíben la realización de pagos en efectivo en la plataforma, no sólo contraviene la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Organización de las Naciones Unidas, sino que discrimina al 52% de la población de la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que según la ENIF 2017, alrededor de 10 millones de personas no cuentan con una tarjeta bancaria para acceder al servicio o que prefiere pagarlo en efectivo.
«Reiteramos nuestra disposición para colaborar y trabajar mano a mano con las autoridades, de forma que podamos construir un futuro equitativo en el que las empresas de redes de transporte y cualquier otra forma de movilidad puedan funcionar en un entorno de libre competencia», concluyó.
