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Realizan mesa de análisis a efecto de dar cumplimiento a Carta Magna CDMX
A fin de presentar una iniciativa de Ley en materia de Seguridad Ciudadana, los diputados locales María Guadalupe Chavira de la Rosa, Rigoberto Salgado Vázquez, Isabela Rosales Herrera, Leticia Esther Varela Martínez, Eduardo Santillán Pérez y Yuriri Ayala Zúñiga, realizaron una primera mesa de análisis con expertos en materia jurídica, y preparar una ley de seguridad ciudadana.
Durante estas mesas de análisis que se desarrollaran en junio, julio y agosto, el legislador Rigoberto Salgado Vázquez mencionó que esto se hace con el fin de generar un marco normativo que acompañe a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su compromiso de entregar una ciudad segura.
Mencionó que esto se logrará tomando en cuenta sistemas exitosos como en China, Nueva Zelanda o Canadá, y complementándolo con una mayor corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, y que las autoridades actúen con apego a la ley.
En las Mesas de Trabajo “Coordinación Interinstitucional. Casos de éxito” estuvo a cargo de Manelich Castilla, excomisionado General de la Policía Federal, aseguró que a nivel mundial las tres grandes preocupaciones son: “el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de personas. Estos delitos son los que tienen sumida en la violencia a aquellas regiones en donde el crimen organizado está vivo y opera como ´tentáculos´”.
Castilla expuso que “el crimen organizado es como un huracán, comienza con la apertura de giros mercantiles que empiezan con venta de comida, después ofrecen alcohol, luego extienden sus horas de cierre, y así van creciendo. Tal fue el caso que se vivió en Ciudad Juárez de 2008 a 2011, lugar en el cual existían más giros negros que escuelas”.
Resaltó, “el alcoholismo es sin duda, el enemigo número uno en la construcción de políticas públicas en materia de seguridad, a manera de ejemplo hace 10 años las muertes violentas se estaban realizando por armas de fuego, en tres de cada 10 casos; hoy estamos alcanzando arriba de 7 de cada 10 situaciones de ese tipo”.
Mientras que en su participación, el Consejero Jurídico del gobierno capitalino, Héctor Villegas Sandoval, manifestó que para implementar el nuevo sistema penal acusatorio a nivel nacional se tardaron ocho años, “y no fue una versión exitosa; caso similar en la capital del país, donde el gobierno señaló que estaba mal la implementación”.
Recalcó, “en el caso de la metrópoli y del país se tiene que poner atención especial en dos temas: la cuestión financiera y la labor de inteligencia. Al llegar al gobierno nos encontramos que en materia de seguridad los datos eran erróneos, entonces tuvimos que empezar por tener un diagnóstico y tomando en cuenta tres cosas importantes en materia de seguridad: cómo percibe el ciudadano la seguridad en la Ciudad de México”.
Indicó, la corresponsabilidad de los ciudadanos y el gobierno, y la comunicación con las autoridades federales”.
En otra mesa de análisis estuvo el exgobernador de Michoacán y exsecretario de Seguridad Pública capitalino, Leonel Godoy Rangel, quien refirió que se “debía que cuidar a los comandantes para que no se fueran con los delincuentes, pues ahora ocurre que la policía municipal en muchos lugares del país se encuentra sometido al crimen organizado”.
Apuntó, la implementación del nuevo sistema de justicia penal no puede concentrarse nada más en los juicios orales; “por ejemplo, tiene que pensarse también en la autonomía de los centros penitenciarios, la sobrepoblación y revisar el tema de los jueces y magistrados, es decir, hacer un análisis integral del problema de seguridad en el país”.
Subrayó, “creo que esta crisis que vive la sociedad también se refleja en el sistema de justicia penal, por eso, creo que tenemos que plantearnos soluciones de fondo unas de corto plazo y otras de largo plazo, la delincuencia no se ha sido contenida, toda vez que de cada 100 solo se sentencian a 6, quienes quedan en manos de las cárceles, donde en la mayoría del país hay autogobierno, sobrepoblación, por supuesto corrupción”.
Apuntó, “se debe revisar los delitos del Código Penal, ya que muchos delincuentes salen por fallas técnicas. Asimismo, es necesario un nuevo sistema de sanciones en el que se castigue a las empresas no solo a las personas. Mientras no se consiga eso, por muy buenos policías que se tengan o ministerios públicos o jueces, no se podrá combatir la impunidad. La impunidad no solo se da por la corrupción sino también por deficiencias en el sistema de justicia penal”.
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