Aumentan penas para robo, extorsión, despojo y otros en el Código Penal
El Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas al Código Penal local, con lo que se incrementan las penas de prisión para delitos de alto impacto social, entre los que se encuentran el feminicidio, el robo en sus diversas modalidades, la extorsión y el despojo; además, las modificaciones buscan «cerrar la puerta giratoria» a los delincuentes reincidentes, a quienes se les retiran todos los beneficios penales.
Asimismo, avaló reformar también la Ley de Cultura Cívica, para eliminar del Código Penal el delito de ultraje a las autoridades y especificar, en cambio, que será intimidar o incitar a la violencia contra de integrantes de alguna corporación de seguridad ciudadana será una infracción administrativa contra la dignidad de las personas. La pena aplicable en este caso será de entre 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario inconmutable.
Al respecto, Eduardo Santillán presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mencionó que para la integración del proyecto se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados locales y por la jefa de Gobierno, “se hizo una valoración, una sistematización, para generar un dictamen que retoma el interés de tener instrumentos jurídicos y legislativos eficientes”.
Apuntó, «el Congreso de la Ciudad de México asume su responsabilidad que le corresponde. Con estas reformas se otorgan instrumentos útiles para el gobierno capitalino en la lucha contra la delincuencia. Este Congreso está haciendo una aportación importante en el fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad».
Indicó que con las propuestas de los legisladores “fortalecen el marco jurídico, que se complementará con transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, instancia que tendrá los instrumentos necesarios para garantizar que las investigaciones se lleven de manera adecuada”.
Resaltó, de las modificaciones al código penal de la CDMX destaca el castigo al delito de feminicidio, con una pena de 35 a 70 años de prisión, también se incrementan las sanciones para el delito de robo: cuando se trate a casa-habitación la pena será de ocho años; el robo de autopartes se sancionará hasta con seis años de cárcel, el de vehículo se castigará hasta con ocho años; el robo de celular se castigará con hasta seis años de prisión.
Comentó, «si el robo se comete a bordo de una motocicleta, la sanción será de hasta seis años de prisión; el robo a cuentahabiente se castigará con hasta 10 años de prisión, pena que aumentará al doble si la persona que participa es o fue servidor público. Por extorsión la pena será de hasta 10 años de cárcel y la sanción se duplicará cuando participe un elemento de alguna corporación policiaca. Se aplicará una sanción adicional cuando intervengan una o más personas armadas».
Aseveró, «con las reformas, además se «cerrará la puerta giratoria» en el caso de delincuentes reincidentes. En delitos graves, la segunda comisión de un delito tendrá una pena adicional de las dos terceras partes que corresponda».
También se reformó lo correspondiente al despojo, uno de los delitos con mayor incidencia en los últimos años. Se aplicará una sanción de hasta cinco años de prisión en el despojo básico; una pena de hasta 10 años cuando éste se ejecute por un grupo de tres o más personas o cuando la víctima sea mayor de 60 años de edad.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido presentó una reserva al artículo 29 TER del Código Penal, con el propósito de establecer que las personas reincidentes en delitos graves no tuvieran ningún beneficio penal, «que se les aplique la máxima pena: cadena perpetua».
Al respecto, el diputado Ricardo Fuentes argumentó que «la cadena perpetua va contra el espíritu de la reinserción». El legislador Jorge Gaviño resaltó «es un debate viejo». La propuesta no prosperó.
La entrada en vigor de las reformas será al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, debido a la urgencia que reviste el dotar a la autoridad de mayores herramientas para combatir los delitos.
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