Amparan a ex colaborador de Mancera contra vinculación a proceso
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó a Miguel Ángel Vásquez Reyes, ex colaborador del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, una suspensión definitiva en contra del auto de vinculación a proceso de marzo pasado, por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos.
Vázquez fue asesor del exjefe de gobierno y luego encargado de Capital Humano; además es señalado por engrosar la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas. También se le acusa de haber manejado indebidamente varios millones de pesos del presupuesto de 2018.
Antonio González García, titular del juzgado segundo de amparo, señaló que la medida es para efectos de que “la autoridad responsable suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, pero sólo una vez concluida la etapa intermedia, esto es, que se abstenga de decretar, en su caso, la apertura de la fase de juicio oral y hasta que sea notificada de la ejecutoria que se emita en el juicio principal del que deriva este incidente”.
Agregó que la medida cautelar deberá ser acatada por el juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número nueve y autoridades responsables; “apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 4 mil 433 pesos.
En marzo de este año, un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel Vásquez, operador financiero de la anterior administración capitalina, por su probable responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos.
En ese entonces, el juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo señala como el responsable de detener los pagos a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepol), por ello ya no se dieron las aportaciones correspondientes a los jubilados y pensionados, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos.
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