Aprueba Congreso local sancionar conductas de odio y discriminación
En 2017, 24 por ciento de la población indígena de 12 años y más, declaró haber tenido al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años
17.05.22. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar el Código Penal del Distrito Federal para sancionar a quien provoque, incite y apoye a difundir acciones basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), sostuvo que la modificación establece que no se debe de atentar contra la dignidad humana, mucho menos anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Agregó que la discriminación es un problema en que intervienen distintos actores sociales que juegan un papel determinante en su ejecución y que puede afectar a cualquier persona, sin embrago hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente a lo largo de los años.
El legislador Rivero Villaseñor agregó que la discriminación racial y étnica es un problema social de carácter estructural que adopta diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas, hasta la instigación del odio étnico, vulnerando su dignidad, libertad, autonomía y autodeterminación.
Por su parte, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA), hizo reserva legal precisando que la reforma versa exclusivamente sobre la fracción I del artículo 206 del Código Penal local, dejando vigente el texto íntegro restante del ordenamiento mencionado.
“De no hacerlo, se corre el riesgo de generar confusión con la expedición de este decreto, pudiendo entenderse que, de facto, dichos párrafos quedarán derogados, en perjuicio de la certeza jurídica que debe prevalecer en la materia sustantiva penal”, detalló la congresista.
Por su parte los legisladores Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) y Jorge Gaviño Ambriz (PRD), manifestaron su inconformidad respecto del dictamen, por considerar que no recogió el interés de su promovente de establecer un tipo penal específico que se refería a la discriminación racial.
