No Permitiré Que Nadie Haga Negocio con el Vital Líquido en la CDMX: Nazario Norberto Sánchez el Diputado Puntero de la Gustavo A Madero
En el Congreso de la Ciudad de México, se encuentra en proceso de análisis una iniciativa legislativa que contempla la imposición de penas de hasta ocho años de prisión para aquellos que lleven a cabo extracciones clandestinas de agua.
La propuesta, impulsada por el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del recinto legislativo, tiene como objetivo resguardar el derecho al acceso al agua de los habitantes de la capital.
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Congreso de la CDMX busca actualizar el Código Penal, enfocado en delitos contra el servicio público y la distribución del agua. (Cuartoscuro)En contra de delitos públicos
La iniciativa, actualmente en manos de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, busca la incorporación de un nuevo Capítulo IX al Título Décimo Noveno del Libro Segundo del Código Penal de la Ciudad de México, enfocado en delitos contra el servicio público y la distribución del agua.
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Se establecen sanciones para los servidores públicos que faciliten la sustracción ilegal de agua potable de la infraestructura hidráulica. Créditos: (CuartoOscuro/Fotografía Cortesía)La propuesta incorpora disposiciones que agravarían las penas hasta la mitad en caso de que el delito sea cometido por una persona que ostente un cargo público.
Asimismo, se establecen sanciones para los servidores públicos que faciliten la sustracción ilegal de agua potable de la infraestructura hidráulica.
En valor del crimen
En términos de volumen, las penas propuestas variarán según la cantidad de agua extraída clandestinamente, por ejemplo, se contempla que en cantidades superiores a 500 litros pero inferiores o iguales a cinco mil litros, se impondrían de tres a seis años de prisión y multas de 150 a 300 UMA, aproximadamente 32,000 pesos.
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La propuesta considera la penalización del propietario, arrendatario o poseedor de un predio donde exista una toma ilegal de agua potable. Foto: CuartoscuroAdicionalmente, la propuesta considera la penalización del propietario, arrendatario o poseedor de un predio donde exista una toma ilegal de agua potable, imponiendo penas de tres a cuatro años de prisión y multas de 150 a 300 UMA.
Es importante señalar que la toma clandestina de agua no solo conlleva consecuencias legales, sino que también presenta riesgos para la salud pública.
Si el agua obtenida de manera ilegal está contaminada, pueden surgir diversas enfermedades, como diarrea, disentería, tifus, tracoma, dracunculosis, esquistosomiasis y amebiasis.
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