Es un retroceso alarmante la revocación de sentencia en el caso de trata «Zona Divas»

En momentos en que la actuación del poder judicial se ve cuestionada por su falta de compromiso con el pueblo de México y que derivó en un paro de labores, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, expresó su rechazo a la revocación de la sentencia por trata de personas contra Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, El Soni, fundador del portal «Zona Divas», una plataforma que operaba bajo la fachada de agencia de modelaje, pero que en realidad era utilizada para explotar sexualmente a mujeres.

El legislador reafirmó su postura en defensa de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de trata, al calificar esta decisión judicial como «un retroceso alarmante en la lucha contra la explotación sexual en México».

Norberto Sánchez subrayó que se respeta la independencia del Poder Judicial, pero se necesita revisar los procedimientos y las pruebas que llevaron a la revocación de una sentencia en un caso tan delicado y emblemático.

“Estamos hablando de un caso que marcó un antes y un después en la lucha contra la trata de personas en nuestro país. Revocar esta sentencia no solo significa poner en riesgo a más víctimas, sino también enviar un mensaje de impunidad que puede ser devastador para la confianza pública en el sistema de justicia”, afirmó el diputado.

Luego de hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que se reevalúe el caso y se tomen las medidas necesarias para garantizar justicia a las víctimas, Norberto Sánchez, explicó que apenas se reveló que el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez revocó la sentencia condenatoria, dictada por la juez Mónica del Valle Olivares, porque, a su juicio, no había material probatorio suficiente, por lo que ordenó su “inmediata libertad”.

En cambio, la juez Valle Olivares consideró suficiente la denuncia de tres víctimas anónimas de nacionalidad venezolana para dictar sentencia condenatoria contra Santoyo Cervantes.

«Es crucial que no permitamos que la corrupción o la falta de rigor legal perjudiquen la protección de los derechos humanos», concluyó el legislador.