Coherencia y lealtad a México

La defensa de la soberanía nacional es un principio innegociable para cualquier Estado que aspire a preservar su autonomía, su identidad y su capacidad de decisión. Esta premisa adquiere especial relevancia en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, intentos de injerencia y una ofensiva de sectores conservadores contra distintos gobiernos democráticos y progresistas, particularmente en América Latina.

En este contexto se inscribe la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de poseer otra, deberán renunciar a ella antes de registrar su candidatura.

Más que un simple ajuste legal, la propuesta establece con claridad una condición para quienes aspiren a ejercer las máximas responsabilidades del Poder Ejecutivo: que el interés de México se encuentre por encima de cualquier otro.

Actualmente, los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen que estos cargos deben ser ocupados por mexicanas y mexicanos por nacimiento. Sin embargo, la legislación permite que una persona mexicana por nacimiento posea simultáneamente otra nacionalidad. La reforma busca despejar cualquier ambigüedad al respecto y establecer expresamente que, para asumir la conducción del Ejecutivo federal o de una entidad federativa, la nacionalidad mexicana deberá ser la única.

No se trata de un tecnicismo menor. Quien encabeza un gobierno toma decisiones estratégicas sobre seguridad, política exterior, desarrollo económico, recursos públicos y defensa de los intereses nacionales. Por ello, resulta razonable establecer las mayores garantías posibles para que no exista duda alguna respecto de la nación a la que debe su responsabilidad política e institucional.

Cerrar ese espacio de ambigüedad es un acto de claridad y congruencia. Define, sin medias tintas, las condiciones que deberán cumplir quienes pretendan ejercer los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva del país.

La relevancia de la medida aumenta frente al escenario geopolítico actual. México no es una isla ni está exento de presiones externas. Como cualquier nación soberana, enfrenta intereses económicos, políticos y estratégicos que buscan influir en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones.

La historia de América Latina ofrece numerosos ejemplos de intervenciones y presiones extranjeras que han condicionado procesos políticos, económicos y sociales. México mismo conoce bien las consecuencias de la injerencia y, precisamente por ello, la defensa de la soberanía constituye uno de los principios históricos de nuestra política exterior.

Desde esta perspectiva, la propuesta de la Presidenta Sheinbaum no puede entenderse como una expresión de xenofobia, aislamiento o cerrazón. Es un mecanismo de blindaje institucional que busca garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos tengan una responsabilidad política exclusiva con México.

La soberanía no se negocia. Se ejerce y se defiende con instituciones sólidas, reglas claras y una convicción inequívoca de que ninguna presión o interés extranjero puede colocarse por encima de la voluntad popular.

También es indispensable evitar interpretaciones equivocadas. La iniciativa no cuestiona la valía, el talento ni el patriotismo de los millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero o poseen otra nacionalidad por razones familiares, laborales o personales. Su alcance es mucho más específico: establece un requisito para quienes voluntariamente decidan aspirar a encabezar el Poder Ejecutivo federal o de una entidad federativa. La diferencia es sustancial.

Una Presidenta, un Presidente, una Gobernadora o un Gobernador representa al Estado y ejerce atribuciones fundamentales para la conducción política del país o de una entidad. En esas figuras se deposita una enorme responsabilidad pública y, por ello, también pueden exigirse condiciones extraordinarias para ejercerla.

Quien tenga doble nacionalidad y aspire legítimamente a uno de estos cargos podrá hacerlo. La reforma simplemente plantea que deberá tomar una decisión previa: renunciar a cualquier otra nacionalidad y asumir plenamente la mexicana como única. Ahí radica el fondo político y ético de la propuesta.

La congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el compromiso público y las decisiones personales, es uno de los principios que deben acompañar a quienes aspiran a conducir los destinos del país.

Por ello, la reforma trasciende una coyuntura partidista. Se trata de una discusión sobre el Estado mexicano, sus instituciones y las condiciones que deben cumplir quienes pretendan representarlo desde sus posiciones de mayor responsabilidad.

En un mundo marcado por intereses encontrados, presiones geopolíticas e intentos de injerencia, México debe fortalecer sus instituciones y garantizar que quienes aspiren a conducirlo no tengan ninguna atadura jurídica o política con otro Estado que pueda generar dudas sobre la preeminencia del interés nacional.

La propuesta presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirma, en última instancia, una idea elemental pero profundamente vigente: por encima de cualquier otro interés debe estar México.

La patria no admite lealtades a medias. Quienes aspiren a conducirla deben demostrar, con sus decisiones, su trayectoria y su compromiso, que su única bandera es la de México.