Maru Campos recurre a señalamientos contra Ariadna Montiel; la soberanía nacional exige respuestas: Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito

La confrontación entre Morena y el PAN vuelve a colocar en el centro del debate las acusaciones políticas, la presunta participación de agentes extranjeros en Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional.
Cuando las acusaciones políticas sustituyen a las pruebas, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué está ocurriendo y quién debe responder ante la justicia. La confrontación entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ha colocado nuevamente sobre la mesa dos asuntos de enorme trascendencia: la responsabilidad de los funcionarios públicos y la defensa de la soberanía nacional.
Los señalamientos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada deben sustentarse en pruebas y presentarse ante las autoridades competentes. En un Estado de derecho, ninguna persona debe ser condenada por acusaciones políticas ni utilizarse la calumnia como instrumento para desacreditar a los adversarios.
Si existen pruebas, que se presenten; si hay delitos, que se investiguen. La política no puede sustituir a la justicia ni convertir las acusaciones en sentencias anticipadas.
Pero hay otro asunto que merece toda la atención nacional: la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano durante un operativo de seguridad en Chihuahua y las circunstancias en las que posteriormente fallecieron agentes estadounidenses y funcionarios mexicanos.
La sociedad tiene derecho a conocer quién autorizó la participación de personal extranjero, bajo qué mecanismos legales operó, qué conocimiento tenían las autoridades correspondientes y si se respetaron las disposiciones constitucionales que protegen la soberanía del país.
Para quienes consideran que la soberanía nacional es un principio irrenunciable, la cuestión va mucho más allá de una disputa entre Morena y el PAN. Se trata de esclarecer si las instituciones mexicanas actuaron conforme a la ley y si existieron las autorizaciones y los controles necesarios para permitir la participación de personal extranjero en tareas de seguridad.
En este contexto, las acusaciones de traición a la patria deben analizarse con responsabilidad. Determinar si se cometió ese delito requiere investigaciones, pruebas y resoluciones conforme al marco jurídico; no basta con una acusación partidista ni con una declaración pública.
México necesita conocer la verdad. Las autoridades deben esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que la cooperación internacional en materia de seguridad se realice con pleno respeto a la Constitución y a las instituciones nacionales.
La defensa de la soberanía no debe convertirse en una consigna vacía, así como las acusaciones sobre delincuencia organizada no deben transformarse en herramientas de guerra política. Ambos asuntos son demasiado delicados para tratarlos sin pruebas y sin responsabilidad pública.
México merece respuestas, no cortinas de humo; investigaciones, no calumnias, y respeto irrestricto a su soberanía. Quien tenga pruebas debe presentarlas. Quien haya violado la ley debe responder ante la justicia, sin importar su partido, su cargo o sus relaciones políticas.
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