Sheinbaum envía al Congreso iniciativa de protección civil
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso capitalino una iniciativa de decreto para expedir la Ley de integral de gestión de riesgos y protección civil, que abroga la actual Ley del sistema de protección civil y el reglamento correspondiente.
La iniciativa incorpora disposiciones que establece la Constitución Política de la Ciudad de México relativas al uso racional del territorio y los recursos de la ciudad y preservar un hábitat adecuado a todas las personas y seres vivos; responsabilidades de empresas inmobiliarias; facultades para demoler y rehabilitar inmuebles de alto riesgo; en materia de vulnerabilidad, resilencia, prevención y mitigación de riesgos, así como estrategias de adaptación al cambio climático.
La propuesta de la titular del Ejecutivo local, establecer el derecho de los ciudadanos a contar con una vivienda con servicios de protección civil, a la seguridad urbana, al medio ambiente y al espacio público y actualiza las facultades que corresponden a las alcaldías para vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, como lo establece también el texto constitucional local.
Respecto de la normatividad vigente, la iniciativa –turnada para su dictaminación y análisis a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que preside el diputado del PAN, Héctor Barrera Marmolejo– más que enfatizar en la prevención de desastres, acentúa la prevención de riesgos; establece la figura del “tercer acreditado”, como las personas físicas o morales que prestan servicios en materia de protección civil en materia de capacitación, análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación de programas internos y especiales, que deberán tener autorización del gobierno local.
Define las atribuciones del Consejo del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil así como de los consejos de las alcaldías como asesores y ejes en la gestión y protección civil y como integrantes del Comité de Emergencias en caso de desastres y define mecanismos de coordinación entre entres los entes públicos, privados y la sociedad civil, así como de los grupos de voluntarios y brigadas comunitarias y elimina la discrecionalidad sobre los contenidos de los atlas de riesgos partiendo de que el acceso a la información es un derecho sustantivo de los ciudadanos.
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