Denuncia Nacional

Las claves del caso Lydia Cacho-Mario Marín, una historia de más de 13 años

El exgobernador priista Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif son buscados por autoridades federales, luego de que una magistrada ordenara su detención por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Los señalamientos de violaciones a derechos humanos atribuidas al exmandatario de Puebla y al mezclillero de origen libanés existen desde hace más de una década; sin embargo, hasta ahora un tribunal federal procede en su contra.

Pero, ¿quiénes son Marín y Nacif? ¿Por qué se les acusa? ¿Qué ha pasado con Lydia Cacho? Aquí te decimos las claves de este caso que ha marcado un precedente en el periodismo mexicano y en la vida política del país.

Los actores señalados

Mario Marín gobernó Puebla de 2005 a 2011 bajo las siglas del PRI. Es conocido como el «góber precioso», pues así lo llamó el empresario Nacif en una conversación telefónica revelada en 2006.

Kamel Nacif es conocido como «El Rey de la Mezclilla», pues su emporio textilero no solo abarca los estados de Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo, sino que llega hasta Estados Unidos y Hong Kong. En 1993, fue encarcelado en Las Vegas por evasión fiscal cometida en México, pero quedó en libertad casi de inmediato.

El origen del caso

En 2005, Nacif denunció a Lydia Cacho por difamación y calumnias, luego de que su nombre apareciera en el libro Los demonios del edén.

En su libro, Cacho describió fiestas organizadas por Nacif, en las cuales —según su investigación— se pervertía y abusaba de menores de edad y participaron al menos 19 funcionarios y empresarios mexicanos y extranjeros.

La detención y la tortura contra Cacho

En diciembre de 2005 —cuando Marín llevaba 10 meses al frente del gobierno de Puebla—, policías de esa entidad detuvieron arbitrariamente a Cacho en Cancún, Quintana Roo, a raíz de la denuncia de Nacif.

Durante su traslado vía terrestre de esa ciudad a Puebla, Cacho sufrió actos de tortura por parte de los agentes, quienes incluso amenazaron con violarla y matarla. La periodista logró quedar en libertad tras pagar una fianza de 106,000 pesos, pero el proceso legal en su contra duró más de un año.

El ‘audioescándalo’ del ‘góber precioso’

En febrero de 2006, se difundió una conversación telefónica que sostuvo el entonces gobernador de Puebla con Nacif, quien le agradecía al ‘góber precioso’ por la detención de Cacho y haberle dado un ‘coscorrón’.

Aunque la periodista, , contrademandó por tortura, un juzgado penal negó en 2008 emitir una orden de aprehensión contra los policías de Puebla señalados por Cacho, bajo el argumento de que no se acreditaba el cuerpo del delito.

Antes, en noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó —en una votación dividida— que no hubo violaciones graves contra Cacho y también exoneró a Marín.

El seguimiento al caso y la disculpa

Cacho mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años, hasta que, en julio de 2018, emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a lo que antes había determinado la SCJN.

El último día del gobierno de Enrique Peña Nieto —30 de noviembre de 2018—, la periodista fue puesta bajo custodia de escoltas armados y se le entregó un chaleco antibalas, , según expresó ella misma recientemente.

En enero pasado, ya bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a Cacho por los actos de tortura de los que fue víctima hace más de 13 años.

Las más recientes decisiones judiciales

Actualmente, solo tres de los 17 señalados por la periodista como sus torturadores y autores intelectuales

El pasado 31 de marzo, ocho años después de haber concluido su mandato en Puebla, Marín reapareció en el arranque de campaña del candidato del PRI en Puebla, Alberto Jiménez Merino, y sostuvo que , pues la Corte en su momento lo exoneró.

El 11 de abril, el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró cuatro órdenes de aprehensióncontra Marín, Nacif, Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla, y Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado, por los actos de tortura cometidos contra la defensora de derechos humanos.

Pese a los señalamientos de tortura que persisten desde hace más de una década, Marín aún mantiene vigentes sus derechos partidistas en el PRI, instituto político que había puesto en duda la orden de aprehensión y argumentado que el exgobernador estaba de vacaciones.

Deja un comentario