Urge capacitación de Servidores Públicos: Aguilar Solache
El asesinato de Ingrid Escamilla impactó y causó indignación ante la sociedad, pero sobre todo produjo una profunda decepción por la indolencia con la que fueron compartidas imágenes sensibles para la familia, pero en general para todas las mujeres.
La Diputada local, Guadalupe Aguilar Solache, expuso que este caso fue por falta de profesionalismo de los servidores públicos, ya que las fotografías circularon sin recelo, po la falta de profesionalismo, sensibilización, o incluso con dolo y alevosía, de quienes estaban obligados a ofrecer un buen servicio.
Desde la tribuna del Congreso local, impulsó una iniciativa tendiente a robustecer el marco jurídico que tutela el actuar de las autoridades con el fin de profesionalizarlas, pero sobre todo, para exista protección de los datos personales, y en consecuencia, de la integridad de las víctimas y sus familias.
La iniciativa, explicó la legialadora, contempla reformar la redacción del primer párrafo del Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, a efecto de que las personas servidoras públicas salvaguarden en todo momento la protección de datos personales y la dignidad y honor de las personas, particularmente de quienes sean consideradas víctimas.
Además, se prevé la adición de una directriz adicional para señalar expresamente que las personas servidoras públicas se abstengan de difundir o socializar, por cualquier medio, datos, información o elementos audiovisuales, cuando esto no se relacione o sea parte del desahogo de sus funciones, que revictimicen o menoscaben la dignidad de las personas.
Agregó que se busca adicionar el párrafo último al artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; para considerar como falta grave, en términos administrativos, la sustracción y uso de información sensible, relacionada con víctimas de algún delito.
También se precisa que esta falta podría constituir una causal para sanciones de tipo penal.
En ese orden, también se propone adicionar una fracción XIII al artículo 239 del Código Penal para el Distrito Federal; para establecer una sanción de 2 a 8 años de cárcel, y de 100 o 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al funcionario que incurra en esos supuestos. Se estipula que si en las filtraciones se relacionan con mujeres o menores de edad, la pena se incrementará hasta en una tercera parte.
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