Se buscará fortalecer la protección a las víctimas y evitar su revictimización
Con el objetivo de proteger a las víctimas y evitar su revictimización, el Congreso local, capitalino a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el Código Penal, capitalinos, en materia de filtración de información sobre investigaciones, en perjuicio de las víctimas.
De acuerdo con la legisladora de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, la iniciativa se relaciona con las filtraciones gráficas que se hicieron del caso Ingrid, «mujer que fue brutalmente asesinada producto de la violencia feminicida y cuya dignidad y honor fue transgredida, violentada como pocas veces se ha visto, por falta de profesionalismo, sensibilización o incluso con dolo y alevosía de servidores públicos o particulares en un afán de documentar parte de su actuación o por curiosidad y morbo».
Aguilar Solache puntualizó que la iniciativa de ley busca robustecer el marco jurídico que tutela las acciones de las autoridades y los particulares en el ejercicio de las facultades de investigación de diversas autoridades, que afectan el principio de debido proceso.
«Resulta imperativo que el poder legislativo tome acciones al respecto para fomentar el profesionalismo de las y los servidores públicos y sobre todo salvaguardar la protección de datos personales y la dignidad y honor de las personas», precisó
La propuesta es para cambiar el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a fin de que los servidores públicos salvaguarden en todo momento la protección de datos personales y la dignidad de las víctimas; adiciona un párrafo último al artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales, para especificar el uso, sustracción y divulgación de información que se relacione con víctimas de algún delito como falta grave.
También se propone adicionar la fracción XIII al artículo 293 del Código Penal para imponer una sanción de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 400 veces el valor de la unidad de medida al servidor público que difunda datos, información o imágenes que revictimice o menoscabe la dignidad de las víctimas; y que cuando las filtraciones se relacionen con mujeres o menores de edad, la pena se incrementará hasta en una tercera parte.
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