Vie. Sep 18th, 2020

La JFCyA tuerce la ley para favorecer a senador de la 4-T.

Trabajadores mineros denunciaron que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tuerce la ley para favorecer al senador de la 4-T, Napoleón Gómez Urrutia, quién en su papel de dirigente sindical se dedica a extorsionar a las mineras como condición para dejarlas trabajar.

De acuerdo con el Dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, Carlos Pavón Campos, Napoleón Gómez Urrutia se entrometió en la mina que se encuentra en el pueblo mágico de Cosalá Sinaloa para extorsionar a la parte patronal, pero está prefirió dar por terminadas la relaciones laborales con 300 trabajadores de base y retirarse del país.

Pavón Campos explicó que todo pasó en enero se este año cuando un sindicato cetemista del ramo de la minería ganó el Contrato Colectivo de Trabajo a través de un recuento, pero un dirigente sindical ambicioso traicionó a los trabajadores, acercándose a Napoleón Gómez Urrutia para proponerle un negocio en el transporte de los minerales, pero para ello había que obligar a la parte patronal de la manera que fuera.

«Cómo es su costumbre extorsionar, empezó hacerlo con la empresa minera, pero esta no se dejó extorsionar, prefiriendo cerrar sus puertas e irse del país».

Aun así explicó Pavón Campos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje maniobró para llevar a cabo un recuento este 17 de septiembre a las 7 de la mañana y a tres horas de distancia de donde se encuentra la mina para desalentar a los trabajadores y los otros sindicatos que reclaman el CCT.

Ante la violación al estado de derecho por parte de la JFCyA, el también diputado federal priista anunció que la organización sindical que encabeza interpondrá una queja ante los panelistas laborales del T-MEC, porque en el acuerdo comercial se establece que deberá haber libertad sindical de los trabajadores, pero las actuales autoridades laborales del país infringen la ley para favorecer claramente al senador a Napoleón Gómez Urrutia, quien tiene cuentas pendientes con la ley porque se embolsó 55 millones de dólares de los trabajadores de la desaparecida mina de cobre de Cananea y su responsabilidad en la muerte de 65 mineros que perdieron la vida en la mina pasta de Conchos de San Juan Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

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