¿El fin justifica los medios?
Este es uno de los múltiples dichos mexicanos como el de que “El que no tranza no avanza”, “más vale malo por conocido que bueno por conocer”, etc.; sin embargo no siempre se puede aplicar a la realidad, ya que específicamente en el dicho del título, aunque ha sido una de las estrategias políticas y militares más socorridas para cometer las mayores injusticias en aras de la “prosperidad o de la ciencia o incluso de la paz”, también es precisamente una de las decisiones que más transgreden los derechos de la colectividad.
Lo anterior viene a colación ya que, en medio de una de las mayores pandemias que ha afectado a la humanidad, de mayor letalidad y de alto potencial de transmisibilidad, por razones “políticas” las curvas de la pandemia empiezan a descender, aun cuando a los trabajadores de la salud nos consta que la guerra no ha cesado ni “se ha domado”, pero los procesos electorales a todos los niveles ponen en juego el control del poder.
Aún a pesar del comunicado federal emitido por el Gobierno Federal de que nos encontramos en alto riesgo (porque en base a la nueva estratificación que incluye diversos indicadores, el semáforo naranja es de alto riesgo), se da la indicación por el Gobierno de Hidalgo de retornar a la normalidad y todos los empleados, incluso los que cuentan con factores de riesgo, tendrán que reincorporarse a sus labores habituales (claro, aunque la indicación sea, en “áreas no COVID”), suponiendo que ese factor se respete por los empleadores, mucha de la fuerza laboral se desbordará a los transportes públicos donde no se respeta “la sana distancia, ni el uso de cubre boca-nariz, ni el uso de gel alcoholado o lavado frecuente de manos), y en consecuencia, el riesgo de contagio es más alto y es precisamente en el mes de octubre, cuando inicia la época de influenza que es otra de las infecciones respiratorias de alta transmisión que amenaza con sumarse al SARS COV-2.
En saturar y rebasar los sistemas de salud , especialmente cuando el Sistema de Salud INSABI, aún no toma forma y el desabasto de medicamentos es alarmante, e independientemente de las explicaciones y “bondades” del muevo sistema de salud, la realidad es que los mexicanos que no cuentan con derechohabiencia (seguridad social), tienen que hacer frente a los gastos que implica la compra de medicamentos, pago estudios de laboratorio y gabinete precisamente en un momento crítico de la sociedad donde el desempleo ha sido una constante y la falta de oportunidades se suman a las condiciones de vida habituales, por lo que los empleos informales, salarios incompletos, despidos injustificados, etc., que ha obligado a salir a las calles a buscar formas de sobrevivencia que muchas veces viola los derechos de los demás al aumentar los asaltos, secuestros, asesinatos y violaciones donde la crisis social, cultural y económica es una manifestación de la insuficiencia e incapacidad del gobierno por brindar oportunidades a los jóvenes y adultos de tener acceso equitativo a la educación.
Considerando que en los sistemas penitenciarios, la población reclusa reportada por nivel escolar, según estadísticas del INEGI 2017, el 6.6 de las y los reclusos no saben leer ni escribir. Del resto, el 39.1%, cuenta con educación secundaria trunca o completa, el 30.4%, solo preescolar y primaria, el 12.5% preparatoria, el 10.8% ninguna educación, solo el 3.3% cuentan con licenciatura, 1.5% carrera técnica o comercial, mientras que, el 0.0%, cuentan con nivel maestría o doctorado.
En pocas palabras, la falta de oportunidades en la educación predispone a la delincuencia, el delirio de poder corrompe las estructuras gubernamentales, el poder quebranta los valores y principalmente, la ignorancia vulnera los derechos humanos, por lo que permitimos que desde el gobierno hasta nuestros jefes inmediatos violen nuestros derechos incluso los derechos fundamentales. Así que vuelvo a preguntar por todo lo anterior… ¿El fin justifica los medios? A fines de Octubre veremos los resultados.
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