Lun. Oct 26th, 2020

El estado conspira y despoja a los pueblos: López Rico

BLAS A. BUENDÍA
Reportero Free Lance
filtrodedatospoliticos@gmai.com

Por enésima ocasión, comuneros de Santa María Tulpetlac demandaron al Gobierno federal respete los fallos que la Corte de México ha emplazado para que les sean devueltos los terrenos donde se estaba construyendo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y que hasta la fecha, la dilación de la justicia no ha sido ni pronta ni expedita, beneficiando a inmobiliarias invasoras y consorcios internacionales.

Al rendir un informe sobre este proceso agrarista-judicial, el abogado defensor Jorge López Rico, agradeció a las autoridades estatales y municipales el interés que muestran para que sean flexibles y sus dueños recuperen sus tierras, para combatir el abuso en contra de los bienes comunales indígenas, que se enmarca en una nueva fase económica con respaldo legal, que ofende y afecta de manera importante en las últimas décadas.

Por supuesto –dijo- en México esta práctica se ha vuelto constante y solapada, adaptando los nuevos rumbos que la “democracia capitalista” ha tomado para entrar en una «Acumulación por Desposesión».

Denunció que esa estrategia es operada por una vertiente importante de funcionarios de gobierno, tutelada directamente a despojar tajantemente a los pueblos de sus riquezas naturales, tales como: sus tierras, aguas, bosques, minas, recursos naturales y los conocimientos ancestrales asociados a su uso común, los cuales están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y por lo mismo en mercancía.

Estableció que representa un «moderno colonialismo» caracterizado por la acción del Estado por extender su dominio político, militar, económico, social o cultural sobre otros para aprovecharse de ellos en alguna forma, pero actualmente más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV y XVIII.

Actualmente –añadió- las empresas trasnacionales que controlan el mercado global, intentan apropiarse a toda costa de lo que hasta hace algunos años resultaba inapropiable.

«De ahí la lucha de los pueblos indígenas para oponerse a tales pretensiones, detrás de sus reivindicaciones se encuentra su decisión de defender sus recursos, en virtud de ser el sustento de su vida y su futuro como pueblos», aseveró.

Asimismo, destacó que las empresas transnacionales tienen un aliado muy poderoso: los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que éstos han jugado un papel muy importante en favor de estas últimas, y de diversas maneras han ido modificando los marcos jurídicos que convierten los bienes comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes y, por supuesto enfrentando las organizaciones represivas a su servicio para reprimir cualquier descontento.

Sin duda –subrayó López Rico-, estamos ante la más recrudecida manifestación de los efectos negativos de las políticas neocoloniales, que algunos académicos han dado en denominar «Acumulación por Desposesión», en donde el capital ya no requiere invertir para obtener alguna plusvalía, sino que va a donde están los recursos y los conocimientos, la mayoría de ellos considerados comunes, transformándolos en propiedad privada e insertándolos en el mercado global.

Estas políticas-insistió- irremediablemente atentan contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas, para lo cual, paralelo a la negativa a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, las tierras y los recursos naturales en ellos existentes –pasando por encima de las normas internacionales que reconocen estos derechos-, existe una producción legislativa que establece normas y procedimientos que permiten despojar descaradamente a los pueblos de sus tierras, aun siendo reconocidas legalmente, impidiéndoles incluso el libre acceso a los recursos naturales.

Detalló que entre los primeros se encuentran la expropiación, la imposición de modalidades a la propiedad derivada -sea social o privada- y la concesión a particulares de los recursos naturales, actos en los que el Estado tiene principal función, cuya intervención se realiza de manera unilateral, por supuesto; entre las segundas se ubican la compraventa de tierras y la traslación del dominio, así como los contratos de usufructo, los cuales no requieren la intervención estatal porque son actos entre particulares.

Hizo hincapié que el caso específico de la Comunidad Indígena de Hecho de Santa María Tulpetlac, avencidada en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, sigue al pie de la letra esta práctica oficiosa de despojo territorial.

Mencionó que en virtud de que, mediante Acuerdo del 12 de agosto de 2011, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México otorgó al Consorcio Ingeniería Integral, S. A. de C. V. (CASAS ARA), la autorización para llevar a cabo un Conjunto Urbano de Tipo Habitacional Popular denominado “AMÉRICAS IV”, para desarrollar 2,584 viviendas, en un terreno con superficie de 41 hectáreas, ubicándolos en la Avenida Insurgentes, Manzana 134, Lote Único, Sin Número, Colonia Las Américas, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Así –precisó- «simplemente de un plumazo, la autoridad federal otorga concesiones a particulares en territorios que no son de su propiedad, en virtud de que estas 41 hectáreas que integran dicho terreno, son parte de la propiedad comunal de Santa María Tulpetlac, misma que por Cédula Real de 1643, por mandamiento del Virrey Don García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra y Virrey de México, se realizó la dotación de tierras consistentes en cuatro caballerías y media de tierra, más seiscientas varas por cada viento al pueblo de Santa María Tulpetlac, misma que con fecha 6 de marzo de 1809 fue incrementada a nueve caballerías tres y media y ciento cuatro mil seiscientas cincuenta y seis varas cuadradas más ochocientas treinta mil quinientas noventa y dos varas cuadradas».

Por lo que actualmente –afirmó- esta comunidad tiene la posesión de 7,662 hectáreas aproximadamente, no existiendo duda del origen de los derechos de propiedad comunal, toda vez que el Estudio Paleográfico realizado, determina los límites y colindancias de estos Bienes Comunales, a través del seguimiento de las Mojoneras establecidas en su medición original.

Dichos bienes –mencionó el abogado López Rico-, son reconocidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en el año de 1978 emitió Sentencia al Amparo en Revisión 2351/78, interpuesto por esta Comunidad, reconociendo la propiedad de los bienes y ordenando a las autoridades agrarias continuaran con el procedimiento agrario de confirmación y titulación de bienes comunales, lo cual a la fecha (42 años) no ha sido acatado.

Y explica: En contrapartida, el litigio en contra del abuso y usurpación de los terrenos de “Las Américas” si tuvo éxito y es tiempo de recuperar el territorio invadido por simples Decretos y Gaceta Municipales.
Mientras tanto, el polígono que fue destinado para la construcción del NAICM, afecta 2,295 hectáreas de nuestras tierras.

«Tenemos los derechos de posesión desde 1643, contamos con la Cédula Real mediante la cual el Virrey Don García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra y Virrey de México realizó la dotación de estas tierras a los indígenas de Santa María Tulpetlac, con sus respectivos Títulos Agrarios», rememoró.

Y precisa: Contamos sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2ª. Sala); donde se reconoce a la Comunidad Indígena de Hecho de Santa María Tulpetlac como legítimos propietarios y ordena a las autoridades agrarias se titulen dichos bienes de esta comunidad indígena.

Por otro lado, estas tierras se encuentran bajo la protección de la Justicia Federal bajo el amparo número 1043/2014-II con una Suspensión de Plano, el cual; actualmente se encuentra en revisión por SOBRESEIMIENTO.

Según estudios topográficos realizados también por el Consejo de la Judicatura Federal, interpretados y dictaminados del estudio paleográfico que determina la extensión territorial de esta comunidad indígena, la Comunidad Indígena de Hecho de Santa María Tulpetlac, es dueña del 60% de los terrenos en donde se estaba construyendo el NAICM,

Entre otras demandas propias de la suspensión de plano otorgada mediante el Juicio de Amparo 1043/2014-ii, de los Actos a las Autoridades señaladas como Responsables Ordenadoras, se les reclamó la orden dada a las Autoridades Ejecutoras «para que nos priven de nuestra libertad personal fuera de procedimiento judicial, así como del intento de despojo del bien inmueble conocido como La Oreja y El Caracol, propiedad de los Comuneros de Hecho de la Comunidad Indígena denominada Santa María Tulpetlac, y las pertenencias que se encuentran dentro de este».

El abogado Jorge López rico, puntualiza: Pero lo más importante, dentro de éste Amparo, es que se dé certeza a la sentencia de la Corte mediante la debida y correcta interpretación de los estudios paleográficos, para que así mismo se determinara la extensión territorial de los bienes comunales.

«Esta lucha continua, tenemos la responsabilidad de reclamar justicia, y el derecho de exigir a las autoridades que cumplan el mandato constitucional. Tenemos la obligación de velar por los intereses de esta comunidad, y tenemos la responsabilidad de hacerlo ya, Porque Yo Soy Comunero y Porque Yo Soy México», concluyó el prestigiado abogado en Derecho Agrario.

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