Autoridades federales del trabajo, toman partido en conflicto de mina de Cosalá
Trabajadores mineros de Cosalá, Sinaloa, denunciaron al Subsecretario del Trabajo federal Alejandro Salafranca, de presionar a los empresarios de Américas Gold and Silver para imponer al senador de la 4-T, Napoleón Gómez Urrutia como su representante de manera ilegal e injustamente desde el 26 de enero DE 2020.
Para se valen de golpeadores al servicio del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez avalado por el Subsecretario del Trabajo.
El dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, Carlos Pavón Campos, denunció que la intromisión de las autoridades federales en un conflicto meramente de los trabajadores, es una flagrante violación a la Ley Federal del Trabajo.
«Esa intromisión es un acto violatorio al estado de derecho y a la autonomía sindical».
El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, disputa la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en la misa ubicada en San Rafael Cosalá.
Pavón Campos, denunció que en un acto que nada ha beneficiado a los trabajadores de aquella zona de Sinaloa, golpeadores encabezados por Yasser Beltrán, al servicio de Napoleón Gómez, cerraron la mina ilegal e injustamente.
Por ello se interpusieron 16 denuncias penales por despojo y otros delitos.
Desde el 26 de enero pasado, la mina –cuya concesionaria es Americas Gold and Silver–ha sido saqueada y devastada por este grupo delincuencial que se hacen pasar por mineros. Después de año tres meses de que la mina paró operaciones por motivos que nada tienen que ver con cuestiones laborales, cientos de trabajadores han perdido su empleo dejando sin sustento a sus familias.
«Ni la empresa ni nuestro sindicado y mucho menos los trabajadores han tenido que ver en el cierre de la mina, ese es un acto ilegal a todas luces por parte de los golpeadores, porque Napoleón busca un beneficio propio en todos los aspecto, desde el transporte a la mina, en todo», apuntó Pavón Campos.
El también diputado federal, dio a conocer que por estos hechos ilegales, el FRENTE tiene en su poder un amparo por las irregularidades ocurridas durante el recuento por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
Sin importar los antecedentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), máxima autoridad laboral en el país, en un acto de abuso de poder ha rebasado sus funciones intentando persuadir y manipular de mala fe a la empresa y al FRENTE para que desistan de sus denuncias.
«Hoy la STPS de la mano de Alejandro Salfranca, viola por completo la Ley del Federal del Trabajo, y los acuerdos internacionales pactados en el TMEC al interferir y tratar de imponer a fuerza de intimidación a un líder sindical ligado a sus intereses partidistas», subrayó Pavón Campos.
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