Mié. Oct 5th, 2022

Presentan iniciativa para legalizar la revisión de mochilas en escuelas de CDMX

Con el fin de proteger y salvaguardar la integridad de cualquier menor de edad, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa en materia de Mochila Segura, que tiene un proyecto de decreto, que adiciona una sección única al Capítulo V y una Fracción VIII recorriéndose la subsecuente del Artículo 108, ambas a la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Aseveró que se busca legislar como una obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia la revisión periódica de sus bolsos y/o mochilas de la o el menor tutelado, para prevenir cualquier tipo de violencia y/o delito. Por tanto, se pretende regresar a el operativo de Mochila Segura «no solo dirigido para alumnos, sino para docentes, directivos y demás personal de la comunidad escolar, ello a través de un Comité de Vigilancia que deberá ser creado en cada escuela, con participación voluntaria del personal educativo, padres de familia y alumnado; este andamiaje jurídico se presenta en estricto apego al consentimiento, a los derechos humanos y los derechos de las niñas, niños y adolescentes».

Nazario Norberto recordó que en 2001, las autoridades educativas impusieron el famoso “Operativo Mochila Segura”, que terminó su vigencia en 2014 y fue retomado por algunos funcionarios de educación en 2017. Sin embargo, en 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 48/2019 respecto a la violación de los derechos humanos, a la educación, la intimidad y la participación, así como el interés superior de la niñez en la aplicación de este programa en las escuelas, mientras que el año pasado, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional este operativo, por no contar con un marco legal que lo respaldara.

«La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo declaró inconstitucional, sin embargo, también en el mismo Amparo en revisión 41/2020, señaló que la inconstitucionalidad de este operativo se debía principalmente a la ausencia de un marco legal que sustentara debidamente su implementación, es decir, que se actuaba bajo un régimen jurídico informal, conjuntamente, “nuestro máximo tribunal expuso que dicho fallo no debía considerarse como un obstáculo para que el Congreso Federal o los Congresos de las Entidades Federativas pudieran dar sustento legal y contenido formal a este tipo de programas o procedimientos, que van enfocados a la prevención de las violencias y del delito, siempre y cuando estén apegados a la Constitución Federal y desde luego las normas en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes», dijo.

En la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, el legislador apuntó que la seguridad Ciudadana, cuando se trata de nuestras hijas e hijos, desde luego es un asunto que adquiere mayor importancia.

«De ahí que, en los planteles escolares,  la seguridad de las y los menores constituye sin duda una base fundamental para el ejercicio del derecho a la educación».

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del órgano legislativo mencionó en 2007 este  operativo formó parte de diversos programa instaurado por la SEP, que fue replicado en algunas entidades federativas. Sin embargo, la violencia no discrimina y existen varios ejemplos.

«En 2001, un menor se agredió a sí mismo en la cabeza, frente a sus compañeros en Iztapalapa; En 2016, un alumno resultó herido por un arma de fuego en un CONALEP de Gustavo A. Madero; y en el mismo año un alumno le disparó a su profesor por la espalda en una telesecundaria en Puebla; En el 2015, un joven de 13 años disparó contra su director en Morelos; En 2017 un menor disparó contra una maestra y sus compañeros en Monterrey; En 2019, en Torreón, un menor disparó a una docente y a sus compañeros; y uno de los sucesos más recientes, fue en febrero de este año, cuando un alumno se disparó a sí mismo en su mano, mientras estaba en clase de laboratorio. 

El proyecto de decreto se turnó a la Comisión de Educación con opinión de la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen.

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