PROPONEN AMPLIAR DECLARACIÓN 3 DE 3 PARA CONTRATACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA PREVENIR VIOLENCIA SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
- Diputada Nancy Núñez propone prevenir hostigamiento y acoso sexual contra mujeres en los diversos centros de trabajo de la administración pública, en específico las que laboran en las 16 alcaldías de la CDMX
- Los requisitos para la contratación para quienes aspiren a la titularidad de las unidades administrativas son: no haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar; no haber sido persona condenada o sancionada por delitos en contra de la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual; y no haber sido persona registrada como deudora de pensión alimentaria morosa
La diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Nancy Núñez Reséndiz, presentó una iniciativa para adicionar las fracciones IV, V y VI del Artículo 72 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, con la cual se pretende prevenir la violencia sexual contra las mujeres, por hostigamiento y acoso sexual, en los diversos centros de trabajo de la administración pública, en específico las que laboran en las 16 alcaldías de la capital del país.
Desde la tribuna del Palacio Legislativo de Donceles, la legisladora de Azcapotzalco señaló que la propuesta pretende agregar un requisito más en relación a la declaración 3 de 3, pero en este caso como requisito para la contratación de personas servidoras públicas que fungirán como titulares de las diversas unidades administrativas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para prevenir la violencia de género y la violencia contra las mujeres.
La iniciativa propone adicionar el Artículo 72 de la Ley Orgánica de las Alcaldías para dejar establecido los requisitos para la contratación para quienes aspiren a la titularidad de las unidades administrativas:
- No haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar.
- No haber sido persona condenada o sancionada por delitos en contra de la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
- No haber sido persona registrada como deudora de pensión alimentaria morosa.
La diputada comentó que los datos pueden ser corroborados a través del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México y a través del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad.
La legisladora Nancy Núñez indicó que la iniciativa en materia de requisitos para las personas servidoras públicas en relación al 3 de 3 contra la violencia de género y la prevención de violencia contra las mujeres, toma como antecedente la reciente aprobación en 2021 del INE de los Lineamientos sobre el 3 de 3 contra la violencia de género, a fin de que los partidos políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección, deben firmar un formato, bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten que no han sido condenados o sancionados por: 1) violencia familiar o doméstica, 2) delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal (personas acosadoras o agresoras sexuales), así como 3) no estar registrado como deudor de una pensión alimentaria.
“Consideramos importante y de sustantiva importancia que no sólo las personas aspirantes a cargos de elección popular, sino también las personas que integren los equipos de trabajo y que acceden a los diversos espacios de la administración pública como personal de confianza o titulares de las diferentes unidades administrativas en las 16 alcaldías, se les adicione un requisito más con el objetivo fundamental de prevenir la violencia sexual contra las mujeres por hostigamiento y acoso sexual.
Esto con la intención principal de legislar en sentido de acciones preventivas con el objetivo de coadyuvar con el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, precisó.
Comentó que la diferenciación que existe entre los casos de hostigamiento y acoso sexual entre mujeres y hombres es bastante significativa, lo cual no quiere decir que “neguemos que a los hombres también les suceda, pero dado que la cifra es más alta entre las mujeres que son víctimas de estas acciones, la presente iniciativa pretende coadyuvar a ser un instrumento de prevención para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia sexual a través del hostigamiento y acoso sexual”.
De acuerdo con el informe estadístico de los Registros de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2020 del Instituto de las Mujeres, el 92 por ciento de las víctimas (235) fueron mujeres, el 7 por ciento (17) hombres y el 1 por ciento (3) no se especificó el sexo de la víctima, refirió.
Históricamente, como sucede en los casos de violencia de género, en la administración pública federal, desde 2017 a la fecha la mayoría de las víctimas de hostigamiento sexual y de acoso sexual han sido mujeres, dijo.
Las denuncias han sido en su mayoría presentadas por mujeres, quienes han mencionado que es un hombre quien realiza los actos de hostigamiento y acoso sexual en contra suya, subrayó.
La legisladora Nancy Núñez argumentó que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pro de su igualdad con el hombre.
Los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres son sustantivamente una de las grandes problemáticas que deben ser atendidas por las diferentes instituciones, pero sin duda el tema de la prevención es uno de los aspectos que nos permite visibilizar y permitir que no se llegue a situaciones que expongan a las mujeres a vivir sucesos de violencia sexual, abundó.
Dijo que las Reglas de Integridad para el ejercicio público establece que “las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, deberán conducirse en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento sexual o de acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tienen o guardan alguna relación en la función pública”.
Sin embargo, dijo, “debemos visibilizar que existe todavía una cifra negra en torno a los casos no denunciados, y que en relación a ello es que la presente iniciativa pretende actuar como medida de prevención para que evitar que las personas agresoras ocupen o accedan a los diversos espacios de estructura o personal de confianza en la administración pública de las 16 alcaldías en la Ciudad de México”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
About The Author
