Presentan iniciativa que agrava delitos de odio contra comunidad LGBTIQ+
La propuesta de modificación al Código Penal Federal, del presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Nazario Norberto Sánchez, evita invisibilizar o dejar impunes estos crímenes en todo el país.
• El proyecto del decreto se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.
Con el fin de reconocer y visibilizar la violencia que sufren las personas de la diversidad sexual y de género en nuestro país, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez, propuso una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, para el artículo 315 del Código Penal Federal, a fin de incorporar el homicidio y las lesiones en razón de odio relacionadas al sexo, la orientación sexual o la identidad de género, como circunstancias que agravan la penalidad de estos delitos.
Al hacer uso de la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, el legislador destacó que la modificación establecerá que “para efectos del odio por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género, se tomarán en cuenta las expresiones o acciones que realice el sujeto activo ya sea personales o por medios de comunicación o redes sociales públicas o privadas, que manifiesten su rechazo, repudio, desprecio o intolerancia contra la víctima o bien, cuando existan antecedentes o datos previos al hecho delictivo que indiquen que hubo amenazas o acoso en contra de la víctima o del grupo, población, colectivo o comunidad a la que pertenezca.”
De la misma manera, indicó que con esta reforma se armonizaría el marco jurídico federal con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales y regionales, que han instado al Estado mexicano a adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los crímenes de odio por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género.
“Asimismo, se busca enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad, de que el Estado mexicano no tolera ni tolerará ninguna forma de violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género, y de que garantizará el pleno respeto a su dignidad, su integridad y su vida, como parte de su obligación de proteger y promover los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”, dijo.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana reconoció que esta violencia atenta contra la dignidad, la integridad y la vida de esas personas que sólo quieren ser quienes son, amar a quienes aman y de expresar su identidad como les corresponde. La realidad es que muchas veces estas acciones quedan impunes o invisibilizadas por las autoridades y la sociedad.
Los datos son alarmantes. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México, se registraron 305 hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios. Tan solo en 2022, se documentaron 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos, atentados y suicidios, en personas de entre 25 y 29 años, mujeres trans y hombres homosexuales.
México es el segundo país de América Latina con más crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+, después de Brasil.
Nazario Norberto recordó que uno de los casos más recientes y emblemáticos fue del magistrade Ociel Baena, la primera persona no binaria en ocupar una magistratura judicial en México y América Latina, como parte del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. El pasado 13 de noviembre, Ociel Baena fue hallado sin vida al interior de su casa junto a su pareja, con signos de violencia y heridas de arma blanca. A pesar de que la fiscalía de Aguascalientes tiene como principal hipótesis un homicidio-suicidio, la familia, los amigos y las organizaciones de la sociedad civil han exigido una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, para esclarecer los hechos y descartar cualquier móvil de odio.
Este caso es muestra de la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género en nuestro país, incluso cuando ocupan cargos públicos y de relevancia social, así como una falta de una legislación adecuada y homogénea que tipifique y sancione los crímenes de odio por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género, y que garantice el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición de estos hechos.
Actualmente, solo 12 estados de la República contemplan el homicidio por odio como una agravante en sus códigos penales, con diferentes denominaciones y alcances. El Código Penal Federal, por su parte, solo establece como agravante el homicidio cometido por motivos de discriminación racial, étnica o religiosa, pero no por motivos de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Nazario Norberto indicó que esto implica una omisión y una violación al principio de igualdad y no discriminación consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
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