Eliminemos Trámites Innecesarios : Diputado Pablo Trejo Pérez

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB) es un esfuerzo del gobierno federal por simplificar procesos administrativos y reducir tiempos de espera. La propuesta de ley promete reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar 80% de los trámites mediante herramientas como la LlaveMx (identidad digital única).

También plantea eliminar duplicidades, homologar procesos, brindar un expediente a cada ciudadano y otorgar validez legal a los documentos digitales. En teoría, estos avances permitirían reducir la corrupción y cerrar brechas.

Sin embargo, su implementación tiene algunos problemas. En principio, no se puede digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios. Eso significa que sin rediseñar primero los trámites existentes, la digitalización podría perpetuar procesos ineficientes o incluso perjudiciales.

El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es un mecanismo clave para evaluar la pertinencia de nuevas normas. La ley contempla demasiadas excepciones a la aplicación del AIR incluso en temas sensibles como expropiaciones, fiscalidad o seguridad, de manera que en la práctica es como si se le eliminara. Además, para el tema de las consultas públicas, se subraya la necesidad de involucrar a organismos ciudadanos para que ayuden a fortalecer el diseño de normas
También se cuestiona la centralización de competencias en una sola dependencia federal, la desaparición de los consejos locales de mejora regulatoria y del observatorio ciudadano, así como la falta de mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento. Esto podría limitar la transparencia, debilitar los contrapesos y reducir la autonomía de estados y municipios
El proyecto no aborda de manera precisa el rezago tecnológico de municipios con baja conectividad ni la exclusión de grupos vulnerables. La implementación sin inversión en infraestructura y alfabetización digital podría profundizar las desigualdades.
Pese a que México concentra 55 % de los ciberataques dirigidos a América Latina, la iniciativa carece de un marco que garantice, desde la ley, los derechos digitales en vez de delegar estas acciones a normas o estrategias, es decir, ordenamientos de menor fuerza jurídica.

Las 150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, representan un reto enorme; la mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el usuario. Entonces, es importante que el proceso de digitalización tenga al menos cuatro características:

Evaluar y rediseñar trámites antes de digitalizarlos.
Invertir en infraestructura y alfabetización digital.
Restaurar procesos de participación ciudadana más amplios para recabar opiniones y sugerencias de las partes interesadas en la construcción de regulaciones.
Preservar la autonomía local con recursos y capacidad de acción.

La iniciativa fue validada en abril pasado por la Cámara de Diputados y aprobada el martes Pasado en la Cámara de Senadores con 75 votos a favor y 37 en contra.