En “La Chilanguera”, el Diputado Federal por Tlalpan Carlos Mirón detalla el trabajo técnico-legislativo que dio al agua el carácter de derecho humano en México

El Diputado Federal por Tlalpan, Carlos Mirón, expuso los alcances técnicos, jurídicos y sociales del proceso legislativo mediante el cual se construyó y aprobó la Ley de Aguas, una reforma de fondo que reconoce al agua como un derecho humano y garantiza su acceso universal para todas y todos, durante su participación en el espacio informativo La Chilanguera.

El legislador explicó que el trabajo realizado en la Cámara de Diputados partió de un análisis integral del marco constitucional, tratados internacionales en materia de derechos humanos, estudios de disponibilidad hídrica, sostenibilidad ambiental y modelos de gestión pública del agua. Precisó que la nueva legislación busca romper con la lógica mercantilista del recurso y colocar su distribución bajo principios de equidad, justicia social y uso sustentable.

Carlos Mirón detalló que la Ley de Aguas fue construida a partir de mesas técnicas interinstitucionales, foros con especialistas en hidrología, derecho ambiental, planeación urbana y salud pública, así como consultas con comunidades, organizaciones sociales, académicos y autoridades locales. Este enfoque permitió integrar criterios científicos en la asignación, aprovechamiento y protección de los cuerpos de agua.

“El objetivo central fue blindar jurídicamente el derecho humano al agua, garantizando cantidad suficiente, calidad sanitaria, accesibilidad física y asequibilidad económica. El agua deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho exigible”, sostuvo.

El diputado subrayó que el nuevo marco legal establece obligaciones claras para los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la rectoría del Estado en la gestión del agua, con esquemas de planeación a largo plazo, protección de acuíferos, regulación de concesiones, combate al acaparamiento y mecanismos de distribución con enfoque social.

Asimismo, señaló que la ley incorpora instrumentos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, además de criterios de justicia hídrica para comunidades rurales, zonas urbanas con alta vulnerabilidad, pueblos originarios y regiones con estrés hídrico severo.

Carlos Mirón añadió que, desde el enfoque presupuestal, la Ley de Aguas se articula con políticas de inversión en infraestructura hidráulica, modernización de redes, saneamiento, captación pluvial y tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de asegurar la viabilidad del derecho al agua en el mediano y largo plazo.