En las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, el Director General del Metro, Adrián Ruvalcaba Suárez, supervisa movilización donde el colectivo MetroEmprende exige transparencia y rendición de cuentas por presuntas ventas fraudulentas de Permisos Administrativos Revocables

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Ruvalcaba Suárez, observó a detalle la movilización de un numeroso contingente del colectivo MetroEmprende, cuyos integrantes exigieron transparencia y rendición de cuentas ante la presunta venta fraudulenta de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) dentro de la red del transporte público.
Durante la concentración, los representantes señalaron que su organización opera dentro de la legalidad y en coordinación con las autoridades del Metro, y denunciaron la actuación de una supuesta agrupación irregular que, afirmaron, ofrece espacios comerciales sin sustento jurídico, presuntamente protegida por redes que lucran con el patrimonio público.
Los integrantes de MetroEmprende sostuvieron que las irregularidades podrían representar un daño al erario superior a los 10 millones de pesos, derivado de la comercialización de permisos presuntamente apócrifos, uso de prestanombres y diversas anomalías administrativas.
De acuerdo con los voceros, los locatarios establecidos legalmente —que suman alrededor de 2 mil integrantes— confían en el liderazgo de representantes como Iván Guadalupe Magaña, así como Pedro N. Betanzos, Francisco Cárdenas Chaparro, Christian Ulises Matías Martínez, Miguel Víctor Palacios Rosales, Alma Neri Betanzo, Gloria Abigail Arroyo Aguirre y Alejandro Medina Betanzos, quienes respaldaron el llamado a revisar a fondo cada autorización vigente.
Asimismo, denunciaron que existiría una supuesta coalición encabezada, entre otros, por Edgar Cerda o Edgardo Cerda, a quien acusan de presuntamente defraudar a comerciantes mediante empresas sin personalidad jurídica que venderían permisos apócrifos. Indicaron que existirían alrededor de veinte carpetas de investigación en poder de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México relacionadas con estos hechos.
Entre las personas afectadas, mencionaron a mujeres de la comunidad mazahua que, según los denunciantes, no habrían recibido los espacios prometidos tras realizar pagos por permisos que resultaron irregulares.
Ante este panorama, el colectivo MetroEmprende exigió a la Dirección General del Metro una auditoría integral para verificar la autenticidad de todos los PATR, transparentar los procesos de asignación y sancionar cualquier acto de corrupción.
Por su parte, Adrián Ruvalcaba Suárez reiteró que el organismo actuará con apego a la ley y mantendrá una política de cero tolerancia ante posibles actos indebidos, asegurando que se revisarán los señalamientos para garantizar orden, legalidad y certeza jurídica en la operación comercial dentro del sistema.