Retórica de la confrontación hacia 2027
El escenario político rumbo a las elecciones de 2027 comienza a perfilarse no solo como una intensa contienda electoral, sino como un proceso en el que la confrontación y la radicalización del discurso amenazan con ocupar un espacio cada vez mayor.
La violencia política es un fenómeno complejo y multifactorial que no puede atribuirse exclusivamente a una fuerza o corriente. Sin embargo, resulta preocupante que sectores de la oposición, particularmente del PRI y el PAN, hayan optado por una narrativa que privilegia sistemáticamente la confrontación, la denuncia de una supuesta persecución política y la deslegitimación de las instituciones por encima de la construcción de una alternativa política capaz de convencer a la ciudadanía. La retórica de algunas de sus principales figuras permite advertirlo.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mientras analiza aliarse nuevamente con el PAN rumbo a 2027, ha endurecido considerablemente su discurso frente al Gobierno y Morena. Después del distanciamiento entre ambas fuerzas, las necesidades volver a acercarlas en distintas entidades del país.
El problema no radica en que la oposición se organice o construya alianzas. Eso forma parte natural de cualquier democracia. Lo preocupante es cuando la competencia política comienza a sustituirse por una narrativa permanente de persecución, autoritarismo e ilegitimidad, en la que prácticamente cualquier decisión de las instituciones es presentada como parte de una conspiración contra la oposición.
Cuando todo es persecución, cuando toda institución que resuelve en contra se convierte automáticamente en enemiga y cuando cualquier diferencia política se presenta como una batalla entre víctimas y opresores, se construyen condiciones propicias para la radicalización. El caso de la senadora panista Lilly Téllez representa quizá una de las expresiones más extremas de esta estrategia.
Durante los últimos meses, Téllez ha llevado reiteradamente sus acusaciones contra el Gobierno de México y Morena a medios estadounidenses. También ha defendido públicamente la necesidad de recibir asistencia de EE. UU. para combatir al crimen organizado en México.
Más allá de las diferencias que puedan existir con la oposición respecto a la política de seguridad, resulta particularmente delicado que una representante popular mexicana busque colocar la disputa política interna ante actores extranjeros y presente fuera del país a su propio gobierno como una estructura vinculada con el crimen organizado.
La oposición tiene derecho a cuestionar y confrontar políticamente al Gobierno. Esa es precisamente una de sus funciones dentro de un sistema democrático; pero existe una diferencia sustancial entre ejercer una oposición firme y convertir la intervención de actores externos en una variable de la disputa interna.
La confrontación discursiva adquiere una dimensión todavía más delicada cuando aparecen señalamientos sobre posibles relaciones entre actores políticos y grupos radicalizados.
En junio pasado, diversos medios de comunicación publicaron información basada en reportes de inteligencia en los que aparece mencionado el senador priista Manuel Añorve dentro de investigaciones sobre posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a grupos radicales relacionados con la Normal Rural de Ayotzinapa.
La sola existencia de investigaciones de esta naturaleza obliga a mirar el fenómeno con atención. Particularmente porque durante algunas movilizaciones recientes en la Ciudad de México han aparecido grupos que rebasan claramente los límites de la protesta pacífica.
La pregunta de fondo no debe utilizarse para criminalizar la protesta social, que constituye un derecho fundamental, sino para identificar y deslindar responsabilidades cuando determinados actores utilizan legítimas movilizaciones como cobertura para provocar violencia. Ningún partido, organización o dirigente debería encontrar ventaja política en la generación deliberada de caos. La Ciudad de México será uno de los principales escenarios de esta confrontación rumbo a 2027.
En las elecciones de 2024, la coalición opositora ganó solo cinco de las 16 alcaldías. Para la próxima elección estarán nuevamente en disputa estas demarcaciones, además del Congreso capitalino, donde la 4T mantiene una amplia presencia.
El PAN ha buscado construir la narrativa de una elección altamente competitiva. Sus legisladores han presentado los resultados de 2024 como un supuesto «empate técnico» en la votación para el Congreso de la Ciudad de México y aseguran que en 2027 buscarán recuperar distritos.
La afirmación parte de comparar la votación conjunta de Morena y sus aliados con la obtenida por el conjunto de la oposición y presentarla prácticamente como una división de la ciudad en dos bloques equivalentes. Una lectura que, además de simplificar el comportamiento electoral de la capital, busca instalar desde ahora la idea de una contienda prácticamente empatada rumbo a 2027.
Cuando una elección se anticipa competitiva, aumentan los incentivos para endurecer discursos, judicializar decisiones, presentar denuncias con objetivos propagandísticos y convertir cualquier controversia administrativa o electoral en una supuesta prueba de persecución.
La denuncia y la defensa jurídica de los derechos políticos son absolutamente legítimas. Lo que resulta cuestionable es convertirlas sistemáticamente en instrumentos de propaganda destinados a desacreditar de antemano las reglas, al árbitro o incluso los resultados de una elección.
Rumbo a 2027, PRI y PAN tienen frente a sí una decisión fundamental: construir una oposición democrática capaz de competir mediante propuestas y convencer a una mayoría que hoy no tienen o profundizar una estrategia basada en la confrontación permanente, la denuncia de persecuciones y la deslegitimación de las instituciones. La primera opción fortalecería nuestra democracia. La segunda únicamente contribuiría a elevar la tensión política y social.
En la capital del país esta responsabilidad adquiere particular importancia. La disputa por alcaldías y distritos será intensa y, probablemente, algunas contiendas se resolverán por márgenes estrechos. Eso exige mayor responsabilidad de todos los actores.
La oposición puede y debe disputar cada voto, cuestionar al Gobierno y presentar un proyecto alternativo. Lo que no debería hacer es convertir la radicalización, el conflicto permanente o cualquier eventual expresión de violencia en instrumentos útiles para su estrategia electoral.
Si esa lógica termina imponiéndose, el proceso de 2027 corre el riesgo de dejar de ser una competencia democrática entre proyectos para convertirse en una disputa dominada por la provocación y la confrontación. Y en ese escenario, quienes terminarían pagando el costo no serían las dirigencias partidistas, sino las y los habitantes de la Ciudad de México.
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