«Luz Verde» a la Reforma Constitucional para extinción de dominio
En lo que es considerado como una sesión histórica, ayer el Congreso de la Ciudad de México avaló por primera vez una reforma constitucional federal para modificar los artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de dominio, en lo concerniente a delitos como corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos. El Congreso capitalino forma parte después de casi 200 años del constituyente permanente federal, establecido desde 1824.
Por votación unánime legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, avalaron las reformas al artículo 22 y la sección 30 del artículo 73, lo que permitiría al Estado retirar la propiedad de inmuebles por delitos de corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos, entre otros ilícitos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Nazario Norberto Sánchez, resaltó «con esta reforma se busca fortalecer la figura de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado perseguir con más fuerza actos delictivos y recuperar bienes y activos financieros obtenidos mediante conductas ilícitas, implica facultar eficientemente al Estado para perseguir con fuerza los bienes de origen ilícito y atacar medularmente la propiedad de tales bienes».
Apuntó, «esta reforma constitucional establece nuevos delitos sobre los que procederá la extinción de dominio, como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, encubrimiento, investigaciones derivadas sobre hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión y recursos de procedencia ilícita, entre otros».
Indicó, «estos delitos no se contemplaban en el texto constitucional, que seguirá manteniendo las hipótesis como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, esta reforma constitucional hace ambas cosas. Propone dotar de mayores armas al combate a la delincuencia, al mismo tiempo, mayor certeza a los ciudadanos de que sus derechos serán respetados bajo un procedimiento civil y conceptualmente distinto al de la rama penal».
El Congreso de la Ciudad de México se ubicó como el Congreso local número 12 que avala esta reforma a la Constitución federal, que requiere la aprobación de 17 Congresos locales para quedar firme.
