CDMX

Elecciones 2021 no deben coincidir con consulta de revocación de mandato

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD), manifestó su más profundo rechazo a la intención de Morena de aprobar en el Congreso local que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo  participe  -de manera inequitativa- en el proceso electoral de 2021, derivado de la Consulta para la revocación de mandato.

Resaltó, «es preocupante que ante este retroceso democrático, el partido en el poder pretende imponer de manera arbitraria a través esta propuesta de ley#. Apoyó la postura del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), “sobre la inequidad que generará  el hecho de que la Jefa de Gobierno esté haciendo campaña junto con los candidatos de su propio partido Morena».

Asimismo, respaldó la revocación mandato, «siempre y cuando no coincida con ningún proceso electoral local o federal, puede ser antes o después de esa fecha».

Subrayó, «la iniciativa denominada Ley de Democracia Directa y Participativa, prevé la promoción de acciones de gobierno desde la emisión de la convocatoria hasta tres días naturales antes de la fecha de la consulta, en una forma de proselitismo de la contienda electoral donde participan candidatos a diputados y alcaldes».

También presenta modificaciones a los mecanismos de participación directa, la elección de comités ciudadanos, presupuesto participativo, revocación de mandato, consulta popular y otros temas, que fueron objeto de análisis y observaciones por parte del Instituto Electoral local respecto de las reglas que se debe atender en esta materia.

Aseguró que se debe tomar en cuenta la recomendación que la autoridad electoral hizo al Congreso local, el cual analiza tres iniciativas de ley en materia de Participación ciudadana, que el ejercicio de la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo después de la contienda electoral intermedia en la que se elegirán diputados locales, alcaldes y diputados federales.

Exhortó al Congreso de la Ciudad a consensuar y aprobar un marco normativo  democrático y participativo, acorde con la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor en 2018.

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