Urgente frenar la gentrificación de la Ciudad de México
Legisladores, urbanistas y organizaciones sociales coincidieron ayer «en que es preciso detener la gentrificación de la Ciudad de México a través de la recuperación e impulso del Instituto de Vivienda (Invi), de reducir el costo del suelo y desincentivar las megaconstrucciones que han afectado a miles de familias en la capital».
En ese sentido, el diputado Fernando Aboitiz Saro resaltó la importancia de hacer efectivo el derecho a la ciudad, el derecho que tienen los capitalinos de permanecer en el lugar donde nacieron y se desarrollaron, pues actualmente se está dando el fenómeno de construir megadesarrollos en las zonas industriales, como el caso de las colonias Granada y Vallejo.
Lamentó que «los habitantes de los barrios populares han tenido que ir abandonando sus viviendas por los altos costos que representa vivir en esas zonas, el encarecimiento de los servicios de luz, agua, predial, por lo que propuso invertir más recursos en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi) para la construcción de más vivienda social, así como generar un programa de recuperación de cartera vencida para que se pueda apoyar a más personas».
Durante el foro «Políticas de vivienda en la Ciudad de México para analizar los problemas en torno a la vivienda social en la capital», organizado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso capitalino y la organización social Coordinación Integral de la Ciudad de México, el urbanista Enrique Soto denunció: «los pobres no caben en la ciudad en las condiciones en las que están actualmente los mercados inmobiliarios”, pues el costo del suelo en la capital es muy caro. “Donde está más económico es suelo de conservación, barrancas y terreno peligroso, que es donde se están dando los asentamientos irregulares».
Por eso planteó la necesidad de buscar alternativas para disminuir el coso del suelo o «cuando menos estabilizarlo o capturar la plusvalía».
Mientras que Jaime Rello integrante del Movimiento Urbano Popular, se manifestó en contra de las modificaciones del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, recientemente aprobadas en el pleno. «Trabajamos mucho en el artículo de la Ley de Derechos Humanos, que decía que a las víctimas de desalojos forzosos el gobierno tenía la obligación de realojarlas», tal como está establecido en el protocolo de la Organización de las Naciones Unidas.
Apuntó, «el problema surgió, cuando los capitales inmobiliarios y los tribunales empezaron a hacer una campaña en los medios de comunicación para que se modificara la redacción original, con el argumento de que se ponía en riesgo la propiedad privada. Esto no era así porque la medida únicamente aplicaba a desalojos forzosos, que sin ningún juicio lleguen a tu casa, como están llegando las mafias, y están llegando todo mundo, y llegan a sacarte de tu vivienda, o hay un proceso legal viciado de corrupción».
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