Apunto de «estallarle» a AMLO crisis forense a nivel nacional
La crisis en el sistema forense del país no contrasta con las recientes adquisiciones que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que tuvo un importante papel durante la identificación de cadáveres de personas encontradas bajo los escombros de las construcciones durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 que devastó la Ciudad de México, con los casos que durante hace unos meses fueron exhibidos con los tráileres que transportaban cadáveres en Jalisco.
Es difícil creer, pero hasta el momento la administración de Andrés Manuel López Obrador, no ha tocado el tema más que en cifras y nuevos protocolos para el hallazgo de personas desaparecidas por diversas causas en fosas clandestinas de Morelos, Veracruz, Jalisco, que no todas tienen que ver con las vendettas entre narcotraficantes, hay algunos casos de secuestro, otras de trata de personas, y algunos de excesos policiacos.
La anterior administración de Enrique Peña Nieto adquirió equipo de la más alta tecnología que permitirían resolver en gran parte e identificar de los restos encontrados en el basurero y río de Cocula, Guerrero, de los 43 desaparecidos de la escuela normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa en Iguala, dónde quedó ese equipo o acaso el equipo de la IV Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en particular el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero ni siquiera saben de la existencia de esta herramienta adquirida por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, para no seguir pagando los altos costos de las pruebas realizadas por un laboratorio austriaco.
Caso especial ocupa las omisiones en el tratamiento y resguardo de restos humanos como las cometidas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien almacenó en un tráiler errante 273 cadáveres, pero la realidad es que muchos casos que no han sido ventilados están en todo el país.
La saturación que muestran los servicios forenses estatales ante la ola de violencia que se tiene en toda la Federación, muestra la problemática sin precedentes
El caso de la «fosa rodante» con sus 273 cadáveres que fue extraído de la morgue jalisciense para deambular por Guadalajara, fue la alerta de saturación que presentan los servicios forenses estatales, y su incapacidad para atender conforme a la normatividad la cantidad de cuerpos que genera todos los días la violencia en México.
Este caso que le explotó al entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, terminó con la salida del director IJCF, aunque el fenómeno respecto al tratamiento de los cadáveres es de prioridad nacional la cual ha sido omitida por el gobierno de López Obrador, misma situación se da en Guerrero, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán o Quintana Roo, paradójicamente donde se dan más los hechos de sangre que acontecen en México.
El problema ya alcanzó a instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo titular, Sergio Jaime Rochín del Rincón, lo reconoció en su reciente visita a Guadalajara, «nuestra visión también es que estos lamentables y dolorosísimos hechos de revictimización en el caso de los restos localizados, nos levanta una alerta muy importante de que hechos como los ocurridos ahora aquí en el estado de Jalisco pueden estar pasando en otros lugares del país. Por eso también estamos anunciando que a partir de hoy vamos a empezar un diagnóstico en todos los estados sobre los servicios forenses y la atención que se le está dando a esta situación donde se localizan restos humanos y la falta de capacidad de las entidades federativas para atenderla».
De ahí que el funcionario exhortó a todos los gobiernos estatales en México a que observen los errores que cometió el gobierno de Jalisco en el tratamiento de los cuerpos contenidos en el tráiler y obtengan así un aprendizaje de los mismos.
Aceptó que por ahora, hay una laguna de información en esa materia, «hay elementos que nos alertan claramente a revisar no sólo los estados más violentos del país, sino todos, pero hay que empezar por aquellos donde el grado de homicidios es mucho más fuerte, donde la violencia lleva años instalada como es el caso de Jalisco, por supuesto, para que podamos hacer un diagnóstico y, sobre todo, corregir antes de que truene el tema como sucedió aquí en el estado (…) no tenemos hoy por hoy un diagnóstico y ese es precisamente el tema en el que nosotros nos vamos a enfocar».
«Lo que hay frente a los servicios forenses de los estados es una tormenta perfecta: por un lado una espiral de violencia que sigue alcanzando nuevos máximos históricos, y por el otro, el mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga desde 2016 a conservar los cadáveres vinculados con indagatorias en curso», advirtió.
En por lo menos cinco entidades del país, de entre las cuales destacan Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Colima la falta de espacio para la conservación de cadáveres ha provocado la mala manipulación de los mismos, lo que se considera como un acto de revictimización.
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