Dom. Nov 29th, 2020

AMLO en su laberinto o lo que está fallando en la IVT.

Se ha presentado el Segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un formato corto, sin muchos invitados -apenas setenta-, el presidente presentó el estado que guarda la administración pública. En el informe hay varios datos que apuntan a que el titular del Ejecutivo está perdiendo el pulso a la realidad del país (lo que suele llamarse el Síndrome del Poder) y que habría que ajustar para que el proyecto de la Cuarta Transformación no termine en frustración o descarrilamiento. Seguramente, de la perdida de piso de AMLO, hay varios indicadores, pero vamos a referirnos sólo a tres de ellos: la violencia, la economía y la austeridad.

En los primeros 20 meses del gobierno de López Obrador se han registrado 60,000 asesinatos, es decir 100 asesinatos cada día en promedio. No existe, como tal, una estrategia enfocada en seguridad pública que busque reducir este número, e incluso el presupuesto asignado este año fue superior únicamente en 1.2% en relación al de 2019. La Guardia Nacional, creada con pompa y jabón, se utiliza para otros efectos, como policía migratoria, y no se ven políticas públicas enfocadas a la seguridad de las comunidades. Se percibe una lenta consolidación institucional, e incluso vemos que, en este confinamiento por la pandemia, el retiro de la ciudadanía de las plazas públicas está siendo aprovechado por la delincuencia para apropiarse de los espacios.

AMLO indicó que, en su Gobierno, han bajado delitos como secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, robo en trasporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocio y robo a casa habitación. Y, aunque en la disminución incluyó a los feminicidios, el panorama de la violencia contra las mujeres sigue siendo un pendiente para su administración. En mayo, el presidente dijo que, «en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento». Los datos del propio gobierno contradicen este enunciado, ya que, en materia de feminicidios, el registro oficial arroja un aumento de 9.4% en comparación con los primeros siete meses de 2018. El 2020 se ha convertido en el año con el mayor número de reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad desde que el Secretariado registra las víctimas de este delito, en 2015. Sin embargo, la Iniciativa Spotlight detalló que en marzo (el mes más fuerte en cuanto al confianmiento en el país) se registraron cada hora 155 llamadas al 911 por diversos tipos de violencia contra la mujer en México. Esto significa un aumento de 22.3 por ciento respecto al mes de febrero.

La situación económica es otro indicador del cual se ha perdido el piso. No tanto por no apoyar a las grandes empresas, o por su defensa sobre los más vulnerables, sino por lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto de nación. Arturo Herrera declaró hace poco que para cubrir los costos de la contingencia sanitaria se tomaron los fondos de estabilización de los Ingresos Presupuestales y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. En términos de prospectiva, los recursos del estado están comprometidos en: en pago de deuda, intereses, programas sociales, coberturas de riesgo y ‘rescate’ de Pemex, además de, por supuesto, las obras estratégicas de Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya. Bien lo mencionaba, también, el ex secretario Urzúa cuando sostuvo en una entrevista internacional que el gobierno se recibió en estado de “quiebra” y ello implica que, en lo que resta del sexenio, no habrá recursos extraordinarios. Es indispensable afrontar una verdadera reforma Hacendaria. Pero AMLO no está por la labor.

La conclusión general es, pues, que el paquete de políticas dominantes en la Cuarta Transformación impone restricciones poderosas para empujar el sistema económico en la dirección de un estilo de desarrollo distinto, más sostenible, justo y equitativo. ¿Son políticas de edulcorante, de esas que parecen un cambio, pero no lo son? La liberalización y desregulación financieras imponen una postura que se sujeta a las preferencias de los bancos privados y los flujos de capital, las políticas monetaria y fiscal pasivas son incapaces de manejar la demanda agregada de forma socialmente sostenible y el cambio estructural requerido para enfrentar la crisis social de la pandemia está severamente restringida por un marco legal que parece empeñado en que sea la realidad quien se adapte a él.

La pandemia, en términos económicos, se ha traducido en una destrucción sistemática del empleo, presentándose uno de esos casos en que se justifica plenamente algún tipo de intervención por parte de las autoridades, cosa que no sucede, al menos no de un modo claro y convincente. En la actualidad, el discurso de AMLO -de crítica a sus predecesores y sus políticas macroeconómicas- hace hincapié en la idea de que los objetivos de la política macroeconómica deben abarcar un abanico de temas mucho más amplio, como la estabilidad (no solo la estabilidad de precios), el crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso. Pero el discurso está muy alejado de las acciones: las intervenciones en el plano de la política económica deben estar bien articuladas con las políticas sectoriales y con la posibilidad de intervenir a través de nuevos marcos regulatorios, como, por ejemplo, uno que proteja el empleo y dé facilidades para ello.

Una última consideración se relaciona con la austeridad, entendida esta como el tamaño y la capacidad del Estado para enfrentar desafíos. La estrategia de desarrollo anterior a AMLO estaba cimentada sobre la premisa de que un estado pequeño y más bien pasivo es la mejor receta para avanzar de manera estable por el sendero del crecimiento. Y, de nueva cuenta, aunque el discurso va por otro lado, en los hechos esto es lo que está ocurriendo de una manera mucho más profunda y visceral, como hemos visto en las múltiples subsecretarias que han desaparecido.

En realidad, esta fórmula conduce a una situación peligrosa en la que el poder público es cada vez menos apto para enfrentar los riesgos y desafíos que la globalización plantea en términos de volatilidad y fluctuaciones. El análisis del célebre profesor de Harvard, Dani Rodrik, que ya data del lejano 1998, es aleccionador: los riesgos que plantea la globalización en términos de mayor volatilidad promueven la necesidad de un gobierno con mayor tamaño para enfrentarlos. Extendiendo esa conclusión, se podría afirmar que lo que se necesita no es necesariamente un gobierno más grande, sino uno con mayor capacidad de acción frente a los desafíos que rodean el proceso de desarrollo sostenible.

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