En la sede del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, el Magistrado Licenciado Nazario Norberto Sánchez asume el cargo por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la justicia laboral al servicio del Estado

El Licenciado Nazario Norberto Sánchez asumió formalmente el cargo como Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en un acto protocolario que reafirma el compromiso del Estado mexicano con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la justicia laboral de las y los trabajadores al servicio del Estado.
Este nombramiento se realizó por instrucciones de la Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, quien, a través de la Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, dispuso las acciones correspondientes para formalizar la integración del nuevo Magistrado a este órgano jurisdiccional de gran relevancia nacional.
En cumplimiento de esta instrucción, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Licenciado Cristóbal Arias Solís, fue el encargado de dar posesión formal del cargo al Magistrado Nazario Norberto Sánchez, destacando la importancia de fortalecer el trabajo institucional en favor de la legalidad, la equidad y la defensa de los derechos laborales.
Durante el acto, se subrayó que la incorporación del nuevo Magistrado representa un paso significativo para consolidar el funcionamiento eficiente del Tribunal, cuya labor es fundamental para garantizar la conciliación, el equilibrio y la justicia en las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.
El Magistrado Nazario Norberto Sánchez expresó su compromiso de desempeñar esta alta responsabilidad con profesionalismo, imparcialidad y apego a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia laboral en México y a la protección de los derechos de las y los servidores públicos.
Con este nombramiento, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la legalidad y la consolidación de órganos jurisdiccionales sólidos que garanticen certeza jurídica y justicia para todas y todos.